La Knéset de Israel dio luz verde a una controversial ley que permitirá a tribunales militares imponer la pena de muerte a individuos vinculados a los ataques y la matanza ocurridos el 7 de octubre de 2023. La medida, que marca un hito en la legislación israelí, fue aprobada con un respaldo mayoritario de 93 de los 120 legisladores, incluyendo tanto a miembros de la coalición gobernante como de la oposición.
El ministro de Justicia, Yariv Levin, defendió la iniciativa bajo la premisa de restaurar la unidad nacional en un momento crítico. Según reportes del diario The Times of Israel, Levin declaró que la norma busca sanar el trauma colectivo, incluso frente a las profundas divisiones políticas que atraviesa el país ante la proximidad de nuevas elecciones.
Alcances legales y tribunales especiales
La nueva normativa establece un tribunal híbrido, entre civil y militar, con sede en Jerusalén. Este panel de tres jueces estará facultado para juzgar tanto a palestinos detenidos tras los ataques del 7 de octubre como a futuros sospechosos capturados en la Franja de Gaza por retención o maltrato de rehenes. La organización Adalah estima que entre 300 y 400 de los aproximadamente 1.300 gazatíes actualmente encarcelados en Israel podrían enfrentar procesos bajo esta ley.
Las sentencias se basarán en leyes preexistentes, como la Ley para la Prevención y el Castigo del Delito de Genocidio de 1950 y artículos del Código Penal relacionados con traición y colaboración con el enemigo. Al respecto, Adalah, junto a HaMoked y el Comité Contra la Tortura de Israel, emitieron una dura advertencia:
Los procedimientos del tribunal militar tal y como se estipulan en el proyecto de ley son fundamentalmente incompatibles con el derecho a la vida, la presunción de inocencia, la independencia judicial y el Estado de derecho.
Voces críticas y contexto histórico
La experta en derecho internacional Ya’ara Mordecai, de la Facultad de Derecho de Yale, advirtió sobre el riesgo de politización judicial, señalando que los procesos podrían convertirse en un espectáculo mediático en lugar de juicios justos. Por el contrario, la legisladora Julia Malinowski, coautora de la ley, asegura que el proceso se ajusta plenamente a garantías legales estrictas.
Por su parte, Hazem Kassem, portavoz de Hamás —organización clasificada como terrorista por EE. UU., la Unión Europea e Israel—, calificó la ley como un pretexto para encubrir los crímenes de guerra cometidos por las fuerzas israelíes en la Franja. Cabe recordar que el ataque del 7 de octubre, ejecutado por la unidad Nuchba, dejó 1.200 fallecidos y 251 rehenes, iniciando un conflicto que ha dejado más de 72.000 palestinos muertos según autoridades locales.
Históricamente, Israel solo ha aplicado la pena capital en una ocasión: en 1962, cuando el arquitecto del Holocausto, Adolf Eichmann, fue ejecutado en la horca. Esta nueva medida se suma a la ley aprobada el 30 de marzo, que permite aplicar la pena máxima a palestinos de Cisjordania condenados por terrorismo. El futuro de estos procesos judiciales sigue siendo una incógnita jurídica y humanitaria para la región.
