Villa Grimaldi en riesgo de cierre por retraso en recursos estatales

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La Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi ha encendido las alarmas ante una inminente crisis financiera. La entidad advirtió que la falta de transferencia de los recursos contemplados en el Presupuesto de la Nación 2026 ha dejado al sitio de memoria en una posición crítica, enfrentando dificultades severas para cumplir con el pago de remuneraciones, suministros básicos y servicios esenciales.

¿Por qué no han llegado los fondos? Según el directorio, el problema radica en el convenio de colaboración entre la corporación y el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (Serpat). Este documento se encuentra estancado en la Contraloría General de la República. Pese a que el contenido sustantivo no ha variado, el convenio ha sido devuelto con observaciones en tres ocasiones y actualmente fue reingresado por cuarta vez para su toma de razón.

La urgencia de un sitio de memoria histórico

Desde la organización acusan una preocupante falta de coordinación entre las instituciones involucradas y cuestionan la ausencia de un sentido de urgencia por parte de la Contraloría. Si bien reconocen el rol fiscalizador de dicho organismo respecto a la legalidad del gasto público, advierten que la incertidumbre actual pone en jaque labores fundamentales de educación en derechos humanos y memoria histórica que realizan hace más de tres décadas.

Existe un riesgo real de cese parcial o total de nuestras actividades.

El impacto de este retraso no es menor si se considera la relevancia del recinto. Villa Grimaldi, que fue tomada por la DINA en 1974 para instalar el cuartel Terranova y operar como centro clandestino de tortura, se consolidó como el primer sitio de memoria recuperado por la sociedad civil en Sudamérica tras la dictadura. Durante el año 2025, el espacio recibió a más de 25 mil visitantes, incluyendo a cerca de 8 mil estudiantes que participaron en diversas instancias pedagógicas.

Ante esta situación, la corporación enfatizó la carencia de políticas públicas permanentes que garanticen la sostenibilidad financiera de los sitios de memoria en el país. Por ahora, el futuro de las actividades en el parque permanece en suspenso mientras se espera la resolución administrativa que permita destrabar los fondos necesarios para su funcionamiento esencial.

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