Negociación incompatible: nueva querella apunta a Clark en Azul Azul

Una nueva acción judicial sacude el ambiente en el fútbol chileno, específicamente en torno a la concesionaria Azul Azul, que administra al club Universidad de Chile. Se trata de una querella ingresada por TOESCA S.A., en representación de los fondos de inversión pública Leasing, Táctico y Proyección, que apunta directamente a Michael Clark por presuntas irregularidades en la toma de control accionario de la sociedad anónima.

La acusación central es grave: Clark, exdirigente de la institución, habría liderado un esquema de “negociación incompatible y administración desleal”. Este presunto entramado, que involucra fondos públicos y estructuras financieras conectadas al ya conocido caso Sartor, ha sido detallado en la querella presentada este lunes, a la que tuvo acceso BioBioChile. La acción judicial sostiene que los hechos descritos generaron un perjuicio cuantificable para los fondos afectados.

¿Cómo se concretó la toma de control y qué se acusa?

El documento judicial es explícito al señalar que la adquisición del 63% de las acciones de Azul Azul por parte de Michael Clark, a través del Fondo de Inversión Privado Táctical Sport (FIPTS), se habría realizado con recursos que, según los denunciantes, “no tuvieron origen en aportes efectivos de los partícipes del FIPTS ni en recursos patrimoniales propios de éstos”. Esta declaración subraya la opacidad en el origen del financiamiento utilizado para la operación.

La querella detalla una compleja triangulación financiera. Se habrían usado créditos ‘puentes’ vinculados al FIP Sartor Deuda Privada y a Asesorías e Inversiones Sartor S.A. para concretar la toma de control. El informe del liquidador de Sartor AGF, citado en la acción judicial, revela que los fondos públicos Fondo Leasing y Fondo Táctico inyectaron Ch$7.200 millones a Inversiones Cerro El Plomo SpA. Esta sociedad, cuyo único accionista era el propio Fondo Leasing, habría recibido también Ch$1.100 millones del Fondo Proyección.

Conforme al informe del liquidador de Sartor AGF, los fondos públicos Fondo Leasing y Fondo Táctico inyectaron Ch$7.200 millones a Inversiones Cerro El Plomo SpA, sociedad cuyo único accionista era el propio Fondo Leasing. El Fondo Proyección concurrió con financiamiento por aproximadamente Ch$1.100 millones a la misma sociedad. Inversiones Cerro El Plomo SpA transfirió esos recursos al FIPTS para concurrir al pago del precio de la oferta pública. El liquidador denominó esta estructura como financiamiento indirecto a través de una SpA y financiamiento puente, declarando que no consta evidencia de que la operación fuera de conocimiento de los aportantes de los fondos públicos al tiempo de otorgarse los créditos.

Conflicto de interés y otros implicados

Además de la intrincada operación financiera, la presentación judicial acusa a Michael Clark de mantener un “conflicto de interés estructural”. Al momento de los hechos, Clark ejercía simultáneamente como presidente de Azul Azul, director de Sartor y controlador de Inversiones Antumalal, esta última la firma que le permitió tomar el control total de las cuotas del FIP Táctical Sport. Esta múltiple posición es vista como una señal de posibles irregularidades.

La querella no se limita solo a Clark y a exdirectores de Sartor. También solicita el levantamiento del secreto patrimonial de Marcelo Pesce y Victoriano Cerda, conocidos expropietarios del club Huachipato. Ambos son señalados como parte de la operación que facilitó el control accionario de Azul Azul, ampliando el espectro de la investigación.

El contexto actual y la postura de Azul Azul

Esta nueva ofensiva judicial llega pocos días después del allanamiento en el Centro Deportivo Azul (CDA), un evento que obligó a la dirigencia universitaria a pronunciarse públicamente. La actual presidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez, ha salido a defender la postura institucional del club. Pérez ha insistido en marcar distancia respecto a las investigaciones que afectan a Clark y al caso Sartor, enfatizando que la concesionaria, como entidad, no está siendo directamente investigada a nivel judicial. Este escenario complejo añade más presión a la gestión actual de la Universidad de Chile.