La justicia boliviana declaró oficialmente en rebeldía al expresidente Evo Morales este lunes, luego de que el exmandatario decidiera no presentarse a la citación programada ante el Tribunal Departamental de Justicia de Tarija. La instancia judicial, que debía dar inicio al juicio oral por el caso de trata de personas con agravante, dictó además una orden de captura y arraigo que prohíbe al político salir de territorio boliviano.
La ausencia del exgobernante ya había sido anticipada por su equipo de defensa. Nelson Cox, abogado de Morales, justificó la inasistencia argumentando que el proceso judicial es ilegal y carece de las garantías mínimas para un juicio justo. Según la defensa, el tribunal no se ajusta a las normativas internacionales necesarias para validar la comparecencia del exjefe de Estado.
El tribunal lamentablemente no está respetando estándares internacionales (…) no corresponde que se presente.
El caso que enfrenta Morales se refiere a una acusación de la Fiscalía por su presunta relación con una menor de edad, con quien habría tenido una hija durante su periodo presidencial. Según detalló el medio local El Deber, el tribunal de Tarija dispuso un operativo de seguridad de alta intensidad en los alrededores del edificio judicial, restringiendo los accesos bajo instrucción directa del juez a cargo, Luis Esteban Ortiz.
La situación judicial y el bloqueo en el Trópico
El juicio, cuya audiencia estaba fijada para las 8:20 hora local, fue suspendido inmediatamente tras la incomparecencia del acusado. Desde octubre de 2024, Evo Morales se ha mantenido resguardado en el Trópico de Cochabamba, su principal bastión político y sindical. Previamente, las autoridades intentaron ejecutar una orden de detención que resultó fallida debido a que grupos de seguidores realizaron bloqueos de carreteras durante 24 días, entre octubre y noviembre de 2024, impidiendo el paso de los efectivos policiales.
Desde aquel episodio, los sectores afines al exmandatario se mantienen en vigilia permanente para evitar su captura. Por su parte, el Ministerio Público formalizó la acusación en octubre pasado y ha confirmado que la orden de detención sigue vigente. La Fiscalía de Tarija sostiene que cuenta con un robusto respaldo probatorio, acumulando más de 170 pruebas de cargo para ser presentadas en el juicio oral.
Actualmente, Morales continúa atrincherado en su zona de influencia mientras la orden de captura sigue activa a nivel nacional. La incertidumbre radica ahora en cómo las fuerzas de seguridad podrán ejecutar la resolución judicial sin generar nuevos conflictos sociales, dado el clima de tensión que persiste en el centro del país.
