El destino judicial de Joaquín Lavín León
El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó este viernes la prisión preventiva para el exdiputado Joaquín Lavín León, tras concluir una extensa jornada de formalización. El tribunal, liderado por el juez Daniel Urrutia, dio por acreditados los cargos de falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil, fraude al Fisco y tráfico de influencias que pesaban sobre el exparlamentario.
En la misma instancia, el tribunal ordenó la medida cautelar para su exasesor, Arnaldo Domínguez. A este último, además de los delitos mencionados, se le imputaron cargos por cohecho, delito electoral y delitos de carácter tributario. La justicia otorgó un plazo de 90 días para que el Ministerio Público desarrolle la investigación de los hechos.
La estrategia de la defensa y la solicitud a Capitán Yáber
Mientras se establece el lugar definitivo donde el exlegislador cumplirá la medida, su equipo legal, encabezado por el abogado Cristóbal Bonacic, solicitó el ingreso al Anexo Penitenciario Capitán Yáber. Este recinto, reconocido por ser de baja seguridad, alberga habitualmente a figuras políticas y empresarios investigados por delitos de índole económica.
Tras la resolución, el abogado Bonacic manifestó su tranquilidad y cuestionó duramente el proceso judicial. El defensor calificó lo ocurrido como una «especie de Frankenstein jurídico», argumentando que se fabricó un delito basado en información parcial. Según el profesional, el tribunal tomó partes aisladas, las unió de manera lineal y construyó una historia que, a su juicio, no refleja la realidad.
Críticas a la resolución judicial
El abogado Bonacic enfatizó que el caso no está cerrado y anunció que presentarán los recursos legales pertinentes para revertir la medida. Durante su intervención, criticó la gestión del juez Urrutia, señalando que la defensa contó con menos tiempo de exposición que la parte acusadora y que el magistrado no se hizo cargo de los argumentos presentados por los abogados de Lavín durante las más de cuatro horas que duró su alegato.
«No tengo ni un ápice de preocupación, estoy muy tranquilo porque el fallo no se hace cargo de lo que esta defensa ventiló», declaró el jurista. Ante la consulta sobre si la decisión tenía un trasfondo político, Bonacic prefirió enfocarse en lo que denominó «cosas objetivas», reiterando su convicción de que el sistema procesal penal permitirá que los argumentos omitidos sean revisados en futuras instancias superiores.
