La Corte Suprema emitió un contundente informe sobre el Proyecto de Ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social, conocido popularmente como Ley Miscelánea. Tras reunirse el pleno el lunes 4 de mayo, el máximo tribunal envió un oficio al Congreso el miércoles 6, advirtiendo que la ambiciosa iniciativa impulsada por el gobierno de José Antonio Kast requiere de ajustes relevantes para evitar inconsistencias jurídicas.
Cuatro pilares y la lupa en el sistema ambiental
El proyecto gubernamental se sustenta en pilares de reconstrucción física, económica, de confianza y fiscal. Sin embargo, el informe técnico se centra en modificaciones críticas a la evaluación ambiental y a las competencias de los Tribunales Ambientales, analizando específicamente los artículos 13 N°6, 16, 18 inciso final y 19, los cuales demandan comentarios diferenciados.
Uno de los puntos más críticos es la propuesta de introducir el artículo 24 ter a la Ley N°19.300. Aunque la Corte Suprema valora que se busque concentrar la impugnación de las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) en la judicatura especializada, alerta sobre vacíos:
Que, de acuerdo a lo expuesto, el ‘Proyecto de Ley para la reconstrucción nacional y el desarrollo económico y social’ introduce, entre otras materias, modificaciones al régimen de evaluación ambiental, al sistema de impugnación de las Resoluciones de Calificación Ambiental y a las competencias de los Tribunales Ambientales.
El tribunal sostiene que el texto no define si crea una regla de excepción o una reforma general, omitiendo la armonización con la Ley N°20.600, lo que podría generar incertidumbre en la legitimación activa para ejercer acciones legales.
¿El Fisco como asegurador privado?
La propuesta de restitución de gastos para titulares cuyos proyectos vean anulada su RCA judicialmente encendió las alarmas. La Suprema advierte que el Estado podría terminar actuando como un asegurador general del riesgo regulatorio de privados. Ante esto, recomiendan exigir requisitos estrictos como la buena fe del titular, la ausencia de contribución al vicio y una carga patrimonial desproporcionada.
En materia procesal, el tribunal valora la regulación de medidas cautelares que limitan la paralización de obras a un plazo de hasta 6 meses, aunque insiste en que dicha limitación no debe privar de eficacia a la tutela ambiental. Asimismo, los ministros piden precisar qué Corte de Apelaciones será la competente para evitar dudas en el acceso a la justicia.
Disidencia interna y próximos pasos
El informe no fue unánime. Los ministros Silva, Llanos, González y Zepeda votaron en contra de la restitución de gastos, argumentando que se aleja del sistema de responsabilidad civil y podría incentivar la inhibición de otros jueces por temor a la responsabilidad económica que el Fisco podría repetir en su contra.
Actualmente, el proyecto mantiene su suma urgencia en la Cámara de Diputadas y Diputados. Aunque la Corte Suprema reconoce objetivos atendibles, su insistencia en una profunda coordinación normativa sugiere que la tramitación deberá enfrentar modificaciones significativas para subsanar los riesgos detectados por el pleno.
