Medida cautelar tras audiencia de formalización
El exdiputado Joaquín Lavín León ingresó este viernes al anexo penitenciario Capitán Yáber. La medida fue decretada por el tribunal tras formalizarlo por los delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y falsificación de documentos, al considerar que su libertad constituye un riesgo para la seguridad de la sociedad.
En la misma audiencia, también fueron formalizados Arnaldo Domínguez, exasesor parlamentario del excongresista, junto a los empresarios Felipe Vásquez y Juan Silva. Tras la resolución judicial, se informó que Domínguez cumplirá la medida cautelar en el penal Santiago 1.
Argumentos del juez Daniel Urrutia
El juez Daniel Urrutia Laubreaux fue quien defendió la resolución, explicando que el carácter de los hechos atribuidos a Lavín y Domínguez, sumado a la gravedad de las penas probables, hacía necesaria la prisión preventiva. El magistrado enfatizó que la reiteración de delitos supera el presidio mayor en su grado mínimo.
(Se resolvió dado el) carácter de los hechos atribuidos al imputado Lavín y Domínguez y atendido, además, la gravedad de las sanciones probables, la reiteración de los delitos y crímenes que exceden el presido mayor en su grado mínimo, esto es, más de cinco años y un día de cárcel efectiva, incluso pudiendo llegar a más de 10 años de cárcel, es decir, de ser condenados no tendrían posibilidad de penas alternativas.
El tribunal detalló que, de ser condenados, los imputados no tendrían acceso a penas alternativas, enfrentando un escenario de cárcel efectiva que podría superar los 10 años. Además, el expediente judicial menciona la existencia de una red de corrupción en Santiago 1.
Uso de fondos públicos y plazos
La investigación apunta a que el exlegislador habría utilizado la herramienta SocialTazk, financiada con fondos públicos del Congreso destinados a gastos operacionales. Según los antecedentes presentados, dicho software era arrendado para la gestión de bases de datos del electorado fuera de su distrito, utilizándolo con fines de campañas políticas. Ante la gravedad de los hechos expuestos, el tribunal estableció un plazo de 90 días para completar la investigación.
