Una auditoría interna del Gobierno Regional (GORE) del Bío Bío dejó al descubierto una serie de abusos en la administración de casas fiscales. La situación, que ha sido calificada como una irregularidad grave, involucra a funcionarios que, pese a percibir sueldos millonarios, utilizaban estos inmuebles de propiedad estatal para fines de lucro personal, contraviniendo el propósito social de los beneficios habitacionales.
Negocios ilícitos y usurpación de viviendas
Entre los hallazgos más sorprendentes, se identificó a un funcionario que logró tomar posesión de dos casas fiscales de manera simultánea. Mientras habitaba una de ellas, adaptó la segunda propiedad —incluyendo conexiones irregulares de agua y electricidad— para arrendar piezas a estudiantes. En otro episodio igual de irregular, se detectó que familiares de un trabajador ya fallecido permanecían habitando la vivienda asignada sin pagar el arriendo correspondiente.
Estas malas prácticas no son recientes. Ya en 2017, una investigación periodística de Radio Bío Bío en Concepción había advertido sobre funcionarios que, con rentas elevadas, mantenían el acceso a viviendas pagando montos simbólicos que no superan los 80 mil pesos mensuales. Este beneficio, destinado originalmente a perfiles específicos, terminó siendo utilizado por décadas por personas que no requerían el subsidio habitacional del Estado.
Acciones legales y futuro de los inmuebles
El gobernador regional, Sergio Giacaman, confirmó que toda la documentación ha sido entregada a los organismos correspondientes y que se han iniciado los sumarios administrativos pertinentes para determinar las responsabilidades internas. Además, se han derivado antecedentes al Ministerio Público ante denuncias de amenazas proferidas por funcionarios involucrados contra quienes lideran la investigación.
Nuestro foco es que el uso sea el adecuado y, en caso de que no haya solicitudes, vamos a buscar la posibilidad de vender los inmuebles.
Como medida de mitigación ante el abuso detectado, el GORE Bío Bío ya ha traspasado 50 de las 130 casas fiscales disponibles hacia estamentos de las Fuerzas Armadas y de orden. El plan apunta a sanear la administración de los inmuebles, fijar plazos de caducidad más estrictos y, finalmente, evaluar la venta de aquellas propiedades que no tengan una demanda legítima, cerrando así un capítulo de uso indebido de recursos públicos que afectó a la región durante años.
