El proyecto de ley de Reconstrucción liderado por el gobierno de José Antonio Kast ha sido sometido a un riguroso escrutinio por parte de Diego Pereira, economista jefe para el Cono Sur de JP Morgan. El banco analizó esta iniciativa, calificándola como la expresión más ambiciosa de los últimos años en materia de políticas pro crecimiento, centrada principalmente en la reducción de la permisología y una importante baja en los impuestos corporativos.
La propuesta económica busca reactivar la inversión privada, aunque desde la entidad financiera advierten que el Estado enfrenta una maniobra compleja. El plan intenta incentivar la economía sin erosionar la disciplina fiscal que ha caracterizado la reputación de Chile ante los mercados internacionales. Sin embargo, existe una asimetría clara: los costos fiscales de estas medidas son inmediatos, mientras que los beneficios dependen de variables conductuales inciertas, como la inversión real y la productividad, elementos que el gobierno no puede controlar directamente.
La baja de impuestos corporativos y el debate por la eficiencia
Uno de los ejes centrales de la reforma es la reducción gradual del impuesto corporativo, el cual se proyecta que baje desde el 27% actual hasta un 23% entre los años 2027 y 2029. Según los cálculos de JP Morgan, el costo fiscal permanente de este ajuste alcanzará el 0,44% del Producto Interno Bruto (PIB).
El banco advirtió que el denominado dividendo de crecimiento, derivado de estas rebajas, podría tardar más de una década en materializarse, incluso bajo las condiciones económicas más favorables para el país.
A pesar de este riesgo, el economista Diego Pereira validó el diagnóstico oficial. Sostuvo que la lógica detrás de la medida es sólida, considerando que la tasa impositiva chilena supera el promedio de la OCDE, lo que perjudica la competitividad nacional y la formación de capital a largo plazo.
Simplificación regulatoria: el punto clave de la reforma
El informe destaca la agenda de simplificación regulatoria como el componente con la mejor relación costo-beneficio del proyecto. JP Morgan valora positivamente las modificaciones al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y el establecimiento de límites para las medidas cautelares ambientales, fijándolas en un máximo de 30 días.
Si bien esta medida entrega certeza jurídica a los inversores, el reporte también advierte sobre un posible conflicto de intereses. Existe la preocupación de que una restricción tan estricta en los plazos judiciales pueda, eventualmente, comprometer la capacidad de protección ambiental efectiva del Estado.
Tres escenarios para el futuro fiscal de Chile
Para determinar la viabilidad financiera de la propuesta, JP Morgan trazó tres panoramas basados en el cumplimiento de las expectativas de crecimiento del Ejecutivo:
- Escenario optimista: Si se alcanza la totalidad del crecimiento esperado, la reforma lograría el equilibrio fiscal en un lapso de 5 a 6 años.
- Escenario intermedio: Al cumplirse solo la mitad de lo proyectado, la carga financiera para el Estado se mantendría persistente durante casi una década.
- Escenario pesimista: Con solo un 25% del crecimiento previsto, la medida sería permanentemente costosa, aumentando el déficit fiscal entre un 0,16% y un 0,52% del PIB.
En última instancia, el éxito de la apuesta de la administración Kast depende de que el dinamismo económico logre suplir los recursos que el presupuesto nacional no puede garantizar hoy. El gobierno intenta compensar este gasto con ajustes administrativos, pero la pregunta persiste: ¿será suficiente el crecimiento para financiar los compromisos adquiridos en esta reforma?
