En medio de un escenario marcado por los recortes aplicados por el gobierno de José Antonio Kast, la discusión sobre la dieta parlamentaria ha vuelto a instalarse en el debate público. Actualmente, los diputados y senadores perciben ingresos que rondan los 8 millones 300 mil pesos. Esta cifra es inferior a los 9 millones 450 mil pesos que se pagaban antes de la última reducción, concretada durante el año 2020.
La bancada del Partido de la Gente (PDG) ha decidido reflotar el debate mediante una nueva iniciativa legal. Su propuesta busca establecer un límite máximo de 10 sueldos mínimos para los legisladores. De prosperar, la remuneración quedaría en 5 millones 390 mil pesos, lo que representaría una disminución superior al 34% respecto al monto vigente.
Voces a favor y críticas en el Congreso
El jefe de bancada del PDG, Juan Marcelo Valenzuela, defendió la medida argumentando la necesidad de gestos hacia la ciudadanía. Según señaló, “nos encantaría que esto fuera para todo el aparato público (…) hemos presentado este proyecto de ley porque creo que somos los primeros que deben dar una señal importante a la ciudadanía”.
No obstante, la propuesta no ha dejado a todos conformes. El diputado Patricio Pinilla (DC) calificó la iniciativa como un intento “para sacar aplausos fáciles”. Pese a sus reparos, manifestó que está disponible para analizar el proyecto, siempre y cuando se extienda la medida hacia otras autoridades:
“Estoy disponible a analizar esto, pero debería incluir al presidente, ministros y subsecretarios”.
Por su parte, desde el Frente Amplio, el diputado Jorge Brito valoró el ingreso del proyecto al considerarlo como un avance en la materia. En la vereda opuesta, el diputado Luis Pardo (RN) advirtió sobre la institucionalidad del ajuste. Pardo sostuvo que esta materia corresponde exclusivamente a la Comisión para la Fijación de Remuneraciones, afirmando que “no es sano que los parlamentarios tengan la facultad de subirse o bajarse la dieta a su voluntad”.
Actualmente, el proyecto del PDG se encuentra en su primer trámite legislativo. El texto deberá sortear su paso por la Comisión de Constitución, donde se definirá si la propuesta avanza o se estanca en medio de las diferencias políticas sobre cómo y quién debe regular los sueldos del sector público.
