Un grave tiroteo en escuela de Brasil conmocionó este martes a la ciudad de Río Branco, capital del estado de Acre. Un adolescente de 13 años ingresó armado al recinto y disparó indiscriminadamente contra los presentes, provocando la muerte de dos supervisoras de la institución y dejando a otras cinco personas heridas, de las cuales cuatro son menores de edad, según reportó la Policía Militarizada local.
El atacante, quien era alumno del mismo establecimiento, utilizó una pistola que pertenecía a su padrastro. Al ser estudiante del lugar, logró acceder sin presentar dificultades ante la seguridad. Pese a que el joven aún contaba con municiones al momento de los disparos, decidió entregarse a los efectivos policiales que acudieron a la emergencia tras recibir las alertas de socorro.
Contexto de violencia escolar en Brasil
Lamentablemente, este tipo de ataques armados ha mostrado una tendencia al alza en los últimos años. Un estudio elaborado por investigadores de la Universidad Estatal Paulista y la Universidad de Campinas reveló que, entre 2001 y 2024, se han registrado 42 ataques en centros educativos del país, con un saldo total de 38 víctimas fatales.
La preocupación crece debido a la concentración de estos episodios: el 64 % de estos eventos ocurrieron recientemente, entre 2022 y 2024. Los datos desglosados muestran diez ataques en 2022, doce en 2023 y cinco en 2024.
Reacción gubernamental y política de armas
Ante esta realidad, el Gobierno brasileño presentó un proyecto de ley al Congreso para calificar los ataques escolares como “crimen hediondo”, lo que implicaría un aumento de casi un tercio en las penas de cárcel para los agresores. Este debate político sigue vigente desde octubre de 2023, cuando tras otro tiroteo en São Paulo, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva condenó la situación:
No se puede considerar normal que los jóvenes tengan acceso a las armas.
El actual mandatario es un crítico frontal de la política de flexibilización de armas promovida por el expresidente Jair Bolsonaro durante su gestión entre 2019 y 2022. Tras asumir su tercer mandato en enero de 2023, Lula da Silva anuló diversas medidas que facilitaban el porte y la posesión de armas, buscando frenar la escalada de violencia. Con esta nueva tragedia en Acre, fronterizo con Perú y Bolivia, el debate sobre el control de armas y la seguridad escolar vuelve a ponerse en el centro de la agenda pública en Brasil.
