Un fallo de primera instancia en el Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Calbuco, en la región de Los Lagos, sacudió las faenas del Puente Chacao. El tribunal acogió una denuncia de tutela laboral interpuesta por José Arturo García Bravo, exoperador de grúa del proyecto, determinando que su desvinculación constituyó una vulneración de derechos fundamentales, lo que obliga a la empresa a pagar más de $18 millones en indemnizaciones.
El conflicto se remonta al 19 de abril de 2024, cuando el Consorcio Puente Chacao S.A. puso fin al contrato de García Bravo, quien se desempeñaba como secretario del Sindicato de Trabajadores N.° 2. El trabajador, que cumplía funciones en la obra desde el 16 de septiembre de 2020, fue despedido bajo la causal de necesidades de la empresa, alegando una reestructuración interna ante supuestas fallas de una grúa torre.
Indicios claros de discriminación
La justicia advirtió inconsistencias críticas en el proceso: el despido ocurrió apenas dos días después de que expirara el fuero sindical del dirigente. El tribunal consideró este factor, sumado a su activa labor gremial y la ausencia de sanciones previas, como indicios suficientes para acreditar un actuar discriminatorio contra el trabajador.
En su sentencia, el magistrado cuestionó la justificación de la empresa, señalando que nunca se acreditó una causa objetiva ni proporcional para el despido. Si bien se comprobó que el equipo presentaba intermitencias, el tribunal determinó que no existió una inutilización definitiva ni la desaparición real del puesto de trabajo, recordando que en el pasado los operadores mantenían sus cargos incluso durante periodos donde la maquinaria estaba paralizada.
El fallo del tribunal precisa que el consorcio no acreditó haber ofrecido alternativas menos gravosas antes del despido, como reubicación, capacitación, reasignación temporal de funciones o espera de reparación de la maquinaria.
Reacciones y montos involucrados
Tras la resolución, el abogado del trabajador, Juan Pablo Urbina, celebró que el juzgado declarara el despido como improcedente y vulnerador de garantías. Por su parte, el diputado Mauro González, quien había denunciado previamente la precariedad de la situación, enfatizó que el fallo debe ser respetado, recalcando que las obras del Puente Chacao deben avanzar con celeridad sin sacrificar los derechos de los operarios.
Las indemnizaciones fijadas por el tribunal se desglosan de la siguiente manera:
- $14.932.376 por indemnización adicional de tutela laboral.
- $2.239.856 por el recargo legal del 30% sobre años de servicio.
- $1.294.894 por devolución del aporte del empleador al seguro de cesantía descontado en el finiquito.
El monto total asciende a $18.467.126, cifra que deberá ajustarse según reajustes e intereses, además del pago de las costas del proceso. Dado que se trata de una resolución de primera instancia, el Consorcio Puente Chacao mantiene la posibilidad de presentar recursos ante la Corte de Apelaciones, por lo que el caso aún podría escalar en los tribunales superiores de justicia.