El conflicto por la infraestructura penal en Santiago
El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, lanzó una dura arremetida contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, tras el reciente anuncio gubernamental que busca ampliar el recinto penitenciario Santiago 1. La medida, argumentada por el Ejecutivo como una solución necesaria ante la crisis de sobrepoblación penal, fue calificada por el edil como una propuesta técnicamente errónea y alejada de la realidad local.
Desbordes manifestó su rechazo absoluto a la iniciativa, sosteniendo que la zona donde se emplaza el recinto es un territorio «completamente saturado». Según el alcalde, el sector concentra a miles de personas privadas de libertad en apenas unos pocos kilómetros cuadrados, convirtiéndolo en la zona con mayor población reclusa de todo Chile, lo que hace inviable cualquier expansión adicional dentro del radio urbano de la capital.
La crítica técnica y las medidas de mitigación
Para el jefe comunal, la justificación de Rabat —quien señaló que la ubicación es estratégica por la cercanía con otros recintos— es «bastante burda». Desbordes enfatizó que, desde una perspectiva técnica, las cárceles de alta seguridad deben situarse fuera del área urbana, sugiriendo además una reforma legal para que la gestión de internos de máxima peligrosidad se realice de manera telemática de forma permanente.
El punto de mayor tensión surgió tras las declaraciones de Rabat en el programa Desde la Redacción de La Tercera, donde el ministro intentó justificar la obra alegando que los proyectos cuentan con «importantes medidas de mitigación», las cuales pueden alcanzar valores cercanos a las 100.000 Unidades de Fomento (UF).
Desbordes: «No engañe a los vecinos»
Ante las palabras del ministro, Desbordes fue tajante al invitarlo a no desinformar a la ciudadanía. El alcalde recordó el caso histórico de los vecinos de Pedro Montt, quienes sufrieron la falta de cumplimiento en promesas similares durante la construcción original de Santiago 1: «Señor Rabat, ¿sabe cuántas obras se construyeron? Cero», sentenció el edil.
El enfrentamiento ocurre en un complejo escenario político. Mientras el Ministerio de Justicia defiende la urgencia de la obra por la crisis carcelaria, el alcalde insiste en que las promesas de compensación social carecen de sustento real. En el marco de esta jornada noticiosa, también se conocieron otras reacciones legislativas, incluyendo el emplazamiento de la diputada Pizarro al diputado Olivares por su vestimenta, y la respuesta de la senadora Flores tras el allanamiento a su oficina.
