El exministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, protagonizó una tensa sesión en la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputadas y Diputados este miércoles. En la instancia, el militante socialista se defendió de los cuestionamientos derivados de una auditoría de la Contraloría General de la República (CGR) sobre la compra de terrenos para el Plan de Emergencia Habitacional, mientras el Partido Republicano evalúa presentar una acusación constitucional en su contra.
Defensa frente a las observaciones de Contraloría
Durante su exposición, Montes reconoció que el informe del ente contralor detectó debilidades procedimentales; sin embargo, sostuvo que se ha construido un relato que exagera las conclusiones. El exsecretario de Estado enfatizó que el documento no menciona la existencia de «sobreprecios», recalcó que las compras contaban con tasaciones externas y recordó que el mecanismo utilizado para estas adquisiciones fue aprobado previamente por el Congreso.
El extitular del Minvu también planteó que la CGR no consideró sus observaciones como lo suficientemente graves para invalidar los actos administrativos. Asimismo, criticó que el debate se haya centrado en personalizar los cuestionamientos en su figura, dejando de lado los detalles técnicos del proceso.
El emplazamiento de la oposición
La diputada republicana Paz Charpentier interpeló directamente al exministro durante la ronda de preguntas, cuestionando las razones por las cuales no debería prosperar el libelo acusatorio. «Hubo infracciones a la ley, infracciones a la Constitución. Si nosotros tenemos esa convicción, al igual que la Contraloría, respecto de estos incumplimientos, ¿por qué no deberíamos acusarlo constitucionalmente?», planteó la parlamentaria.
Al interior de la bancada republicana ya existiría una convicción sobre la existencia de mérito para impulsar la acusación. No obstante, han decidido esperar la exposición oficial que realizará la Contraloría la próxima semana en la Cámara antes de tomar una decisión definitiva.
La respuesta de Montes ante el escenario político
Visiblemente molesto por el tono de la discusión, Montes se refirió a las consecuencias personales que podría enfrentar si el proceso prospera:
«Y si lo que queremos es sancionar a este ministro, bueno, sancíonenme. En dos días más cumplo 80 años y me pueden castigar los 5 años que vienen si la acusación constitucional prospera, pero no sé qué significado va a tener ni para la democracia ni para la vivienda, ni para nada».
El exministro cerró su intervención insistiendo en que es la Contraloría quien debe aclarar los alcances de sus observaciones. Según Montes, las acusaciones sobre posibles delitos, abusos de poder o irregularidades carecen de fundamentos técnicos suficientes. Mientras la oposición analiza los antecedentes, el futuro del extitular de Vivienda en el Congreso se mantiene en vilo a la espera de nuevos informes técnicos.
