La eficacia del Consejo de Seguridad Nacional (COSENA), entidad que no se reunía desde la administración de Gabriel Boric en 2024, ha puesto en jaque al sistema de protección nacional. Ante esto, un grupo transversal de senadores presentó una reforma constitucional para establecer un "cerebro estratégico" permanente que dirija la seguridad del Estado.
La propuesta fue ingresada al Congreso por Paulina Núñez, presidenta de la Cámara Alta (Renovación Nacional), junto a los senadores Carlos Bianchi (independiente), Iván Flores (Democracia Cristiana), Alejandro Kusanovic (independiente pro RN) e Iván Moreira (Unión Demócrata Independiente).
El nuevo Consejo Nacional de Conducción Estratégica
El proyecto busca crear el Consejo Nacional de Conducción Estratégica del Estado. A diferencia del COSENA, que opera como un órgano asesor convocado solo en situaciones excepcionales, este nuevo organismo tendría un rol operativo, continuo y bajo la conducción directa del Presidente de la República.
Los riesgos se presentan como fenómenos complejos, interconectados y de alcance transversal, según advierte el documento que justifica la necesidad de una arquitectura estatal capaz de articular la seguridad, defensa y política exterior.
La instancia estaría integrada por el Presidente y los titulares de las carteras de Interior, Seguridad Pública, Defensa, Relaciones Exteriores y Hacienda. Sus funciones incluirán definir prioridades, evaluar riesgos y coordinar a los órganos del Estado para evitar la fragmentación en la toma de decisiones.
Actualización del COSENA
La reforma no busca eliminar el COSENA, sino dotarlo de una estructura moderna. Se planea ampliar sus integrantes para incluir al Director General de la PDI, al Fiscal Nacional, al fiscal jefe supraterritorial y al jefe del Estado Mayor Conjunto. Con esto, se busca enfrentar el crimen organizado y amenazas extranjeras con un enfoque especializado en persecución penal.
El modelo propuesto plantea una arquitectura dual: el COSENA mantendría su rol de asesoría superior, mientras que el nuevo consejo asumiría la conducción estratégica permanente. De aprobarse, el Presidente tendrá un plazo de 90 días para ingresar la ley orgánica constitucional que regulará su funcionamiento. Mientras tanto, se permite la designación de una autoridad coordinadora mediante decreto supremo, marcando el inicio de un debate profundo sobre la modernización de la seguridad en el país.
