La Cámara de Diputados dio luz verde este martes al proyecto de ley que cierra la puerta a que los condenados por delitos de violencia intrafamiliar (VIF), incluyendo casos de femicidio, homicidio o lesiones graves, puedan acceder a las pensiones de sobrevivencia de sus víctimas. La normativa, aprobada en su tercer trámite, introduce ajustes clave tanto en la ley que regula la VIF como en el Decreto Ley N° 3.500, el marco legal del sistema previsional chileno.
Nuevas obligaciones para los tribunales
El objetivo de la reforma es evitar que los agresores obtengan un beneficio económico derivado del fallecimiento de la persona a la que atacaron. Para garantizar esto, la ley establece que los Juzgados de Garantía y los Tribunales de Juicio Oral en lo Penal deberán informar, de oficio en cada sentencia, la relación familiar entre el condenado y la víctima.
Además, estos tribunales estarán obligados a notificar directamente a la Superintendencia de Pensiones, a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y a las compañías de seguros de vida. Este flujo de información es vital para bloquear de forma efectiva el pago de beneficios previsionales a quienes registren estas sentencias condenatorias.
El mensaje del Gobierno
Durante la tramitación en la Cámara, se reforzó el compromiso estatal para desmantelar la violencia contra las mujeres. La ministra de la Mujer, Judith Marín, valoró positivamente el avance del proyecto, calificándolo como un paso necesario hacia la coherencia en las políticas públicas.
Prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres nos parece fundamental. Eso es lo que viene a hacer este proyecto de ley, a ser coherentes condenando la violencia contra las mujeres.
La ministra Marín subrayó que la prioridad absoluta de su cartera es la seguridad de las mujeres. En esa línea, destacó que el Servicio Nacional de la Mujer ya ha presentado 6 querellas por femicidios consumados. «Lo más importante que viene a hacer este proyecto de ley es asegurar que ninguna persona condenada por delitos graves, como femicidios, pueda beneficiarse económicamente de su víctima», enfatizó la secretaria de Estado.
Con este despacho, el proyecto queda listo para su promulgación, marcando un precedente normativo donde el Estado chileno busca asegurar que no existan resquicios financieros que premien, de manera indirecta, la violencia de género.
