El juicio contra OpenAI ha escalado en tensión durante esta semana, colocando al magnate Elon Musk en el centro de una batalla legal de alto impacto. Durante su segundo día de testimonios en una corte federal de Oakland, California, el empresario ratificó su postura contra la compañía creadora de ChatGPT, acusándola de haber abandonado su propósito original de ser una entidad sin fines de lucro al servicio de la humanidad.
La demanda, iniciada en 2024, apunta directamente contra la empresa matriz, sus cofundadores Sam Altman y Greg Brockman, además de su socio estratégico Microsoft. Los cargos incluyen incumplimiento de contrato y enriquecimiento injusto, en un proceso que busca la reestructuración total de la tecnológica.
El factor Trump y la estrategia legal
Durante el contrainterrogatorio, el abogado principal de OpenAI, William Savitt, puso sobre la mesa la estrecha relación entre Musk y el presidente estadounidense Donald Trump. Según reportes de The New York Times, el vínculo incluye a David Sacks, asesor de Trump en materia de inteligencia artificial, lo que ha generado suspicacias sobre si esta cercanía podría influir en el jurado de nueve personas.
La defensa de Musk ha sostenido que estas conexiones políticas carecen de relevancia para el caso. Sin embargo, el rol del magnate como asesor tecnológico en la Casa Blanca desde 2025 ha dejado una huella evidente en el debate sobre política pública e innovación que ahora se discute en los tribunales.
¿Una inversión perdida o un error estratégico?
Uno de los puntos críticos de las audiencias ha sido el financiamiento inicial de la compañía. Musk confesó ante el estrado que se sintió “un tonto” al haber aportado 38 millones de dólares en capital que calificó como “esencialmente gratuita” para impulsar lo que hoy es una firma valorada en 800.000 millones de dólares.
Como señaló el propio Musk en un correo enviado en septiembre de 2017: «Solo estoy siendo tonto», una frase que el empresario reiteró durante su testimonio para describir su participación temprana en la organización antes de su transición hacia una estructura híbrida de beneficio limitado.
El proceso legal continúa con la presentación de más testigos clave. Se espera que Jared Birchall, mano derecha y gestor de la fortuna de Musk, entregue su testimonio, junto al experto en seguridad de la IA de la Universidad de California Berkeley, Stuart Russell. Por su parte, la defensa de OpenAI contempla llamar al estrado a Greg Brockman, aunque su intervención se postergaría hasta el próximo lunes debido a un receso programado para este viernes.
La expectativa sobre el veredicto sigue creciendo, ya que la demanda exige no solo el despido de Sam Altman, sino que la compañía sea obligada a pagar 150.000 millones de dólares a Musk y regrese a su estatus fundacional sin fines de lucro. ¿Logrará el equipo legal del magnate probar que el cambio de modelo fue una traición a los principios de la IA ética?
