El inicio del proceso judicial
Este lunes, a partir de las 9:00 horas, comenzó en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago la audiencia de formalización contra el exdiputado Joaquín Lavín León. El parlamentario es investigado por la Fiscalía Metropolitana Oriente por la presunta comisión de los delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y falsificación de documentos.
Además de Lavín, el Ministerio Público formalizó a otros tres imputados: el exasesor parlamentario Arnaldo Domínguez y los empresarios Felipe Vázquez y Juan Silva. En esta causa también actúan como querellantes la Municipalidad de Maipú, el Servicio de Impuestos Internos (SII) y el Consejo de Defensa del Estado (CDE).
Antecedentes del desafuero
El proceso judicial llega tras un largo camino procesal. El desafuero de Lavín fue aprobado por la Corte de Apelaciones de Santiago el 16 de octubre de 2025 y posteriormente ratificado por la Corte Suprema en marzo pasado. Estos ilícitos estarían vinculados a la gestión de la exalcaldesa de Maipú y esposa del imputado, Cathy Barriga.
La Corte Suprema, en su fallo, aclaró que el desafuero funciona como un antejuicio destinado a autorizar la formación de causa tras ponderar la plausibilidad de las imputaciones. El máximo tribunal subrayó que, al existir antecedentes verosímiles de un ilícito, no correspondía entrar en el fondo del asunto, dejando esa resolución para la etapa procesal correspondiente.
Detalles de la acusación fiscal
La Fiscalía sostiene que Joaquín Lavín León rindió ante la Cámara de Diputados y el Servel facturas ideológicamente falsas por un monto cercano a los $104 millones. Estos documentos estaban a nombre de la imprenta MMG, propiedad de Juan Silva Morales, y de la empresa Modo 74 SPA, de Felipe Vásquez.
El abogado y exfiscal Emiliano Arias, en declaraciones al programa Tu Día, explicó la naturaleza de los ilícitos. Según Arias, la acusación no apunta necesariamente a un enriquecimiento personal desmedido, sino a una supuesta «máquina» utilizada para potenciar la imagen de los involucrados mediante una campaña permanente financiada por recursos municipales.
«Por ejemplo, mediante la creación de una empresa destinada a obtener datos de ciudadanos de la Municipalidad. ¿Por qué ahí? Porque el diputado era de la zona y la alcaldesa de la misma zona. Una zona gigantesca de la región Metropolitana», señaló Arias.
