El exdiputado Joaquín Lavín León será formalizado ante el Séptimo Juzgado de Garantía, en el marco de una investigación del Ministerio Público por presunto fraude al fisco. La causa, que indaga el uso de asignaciones parlamentarias, cifra el eventual perjuicio fiscal en $104 millones, apuntando a un supuesto mecanismo diseñado para desviar recursos públicos hacia fines personales y electorales.
Tras perder su fuero parlamentario, Lavín León enfrentará esta instancia judicial en calidad de imputado. La investigación es liderada por la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, quienes sostienen que los antecedentes no configuran hechos aislados, sino una estructura organizada para la utilización indebida de dineros estatales.
El caso SocialTazk y las aristas de la investigación
Uno de los puntos centrales de la indagatoria es la plataforma SocialTazk, cuyo costo de desarrollo fue de aproximadamente $93 millones. Mientras la fiscalía argumenta que esta herramienta funcionaba como un sistema de gestión de datos para fidelizar votantes y optimizar campañas electorales —financiado con recursos fiscales—, la defensa niega estas acusaciones. En esta línea, el Ministerio Público ha señalado a Felipe Vásquez como colaborador en la creación del software.
El abogado defensor, Cristóbal Bonacic, ha cuestionado la solidez de la tesis fiscal, declarando:
No existe ninguna diligencia de la investigación trazada por el Ministerio Público que apunte a acreditar la existencia de este supuesto fraude al fisco derivado de una aplicación que el señor Lavín pidió a un tercero que ejecutara y por el cual paga mensualmente.
El proceso avanzó tras el fallo de la Corte Suprema que permitió el desafuero del exlegislador, aunque la resolución excluyó los delitos tributarios de la causa penal, limitándola a ilícitos contra la administración pública como fraude al fisco, tráfico de influencias y uso malicioso de instrumento privado.
Reacciones y el impacto de la exclusión tributaria
Pese a la restricción, el abogado querellante José Pedro Silva, representante del municipio de Maipú, restó importancia a esta limitación: “Pero en ningún caso se debilita la causa. Aquí desde un comienzo nosotros imputamos los delitos de fraude al fisco, de tráfico de influencias, que es por los que ha estado siendo investigado la mayor parte del tiempo”.
Sin embargo, Mauricio Fernández, exdirector de la Unidad Especializada en Delitos Económicos de la Fiscalía Nacional, advirtió que la exclusión sí afecta las posibilidades de enjuiciamiento: “Bueno, obviamente que limita las posibilidades investigativas y de enjuiciamiento de la fiscalía, que tiene que circunscribirse a los delitos de corrupción pública”. Aún permanece pendiente la situación tributaria de facturas por unos $10 millones emitidas por la Imprenta MMG, que presentarían fechas adulteradas.
Por su parte, Eugenio Campos, director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, enfatizó la magnitud de los cargos: “los hechos son de suma gravedad, estamos hablando de alta corrupción, estamos hablando de fraude al fisco respecto de asignaciones parlamentarias por un monto superior a 104 millones de pesos, respecto de la cual hay falsificación y uso de facturas”. Mientras la defensa insiste en calificar todo como “errores administrativos”, la audiencia de formalización definirá las medidas cautelares que enfrentará el exdiputado en una etapa judicial que ya se considera avanzada.
