La reactivación del trabajo legislativo este lunes en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados estuvo marcada por un fuerte enfrentamiento. El diputado Daniel Manouchehri (PS) denunció haber sido vetado por segunda vez consecutiva al intentar intervenir durante la exposición del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, sobre el proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional.
El conflicto se produjo ante el presidente de la instancia, el diputado republicano Agustín Romero, en una semana determinante, ya que el próximo jueves se votará la idea de legislar la polémica iniciativa impulsada por el gobierno de Kast.
¿Qué ocurrió en la Comisión de Hacienda?
Aunque Manouchehri no es miembro permanente de la comisión, el artículo 229 del Reglamento de la Cámara estipula que los parlamentarios externos tienen derecho a asistir y participar en las discusiones. Sin embargo, su solicitud de palabra fue denegada, lo que generó un tenso reclamo en el hemiciclo.
“Es segunda vez que no me dan la palabra. Son unos dictadores”, sostuvo el parlamentario tras la negativa de la mesa directiva.
Posteriormente, el legislador socialista intensificó sus críticas a través de redes sociales, acusando al Ejecutivo de intentar tramitar un proyecto que, a su juicio, “entrega privilegios al 1% más rico a costa del 99%”, lamentando que no se permita el debate democrático sobre esta “ley de los superricos”.
El gesto de Romero y la reacción del oficialismo
La sesión estuvo marcada por irregularidades según los presentes. Durante la transmisión, se pudo observar al presidente de la comisión, Agustín Romero, guiñando un ojo a parlamentarios de su sector justo antes de descartar la prórroga de la sesión. Esta decisión no solo bloqueó a Manouchehri, sino que también dejó sin respuesta una intervención pendiente de la diputada Gael Yeomans.
Desde el oficialismo, el diputado Jorge Brito (FA) calificó el actuar de la comisión como “inaceptable”. Brito criticó la celeridad que el Ejecutivo busca imponer, argumentando que “no hay reforma tributaria seria que vea la luz en menos de seis meses”, e insistió en la necesidad de separar el proyecto para permitir un debate de fondo.
La situación genera incertidumbre sobre la votación del próximo jueves. ¿Logrará el Ejecutivo forzar la tramitación rápida a pesar de las denuncias de falta de transparencia reglamentaria o se verá obligado a abrir el debate a todas las voces parlamentarias antes de la votación clave?
