El alcalde de San Bernardo, Christopher White, encendió las alarmas en el Congreso al exponer la grave crisis de seguridad que enfrentan los gobiernos locales. Ante la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, el jefe comunal reveló que actualmente cuenta con cuatro amenazas de muerte vigentes, denunciando que existe la percepción de que los delincuentes llevan una ventaja de tres o cuatro pasos frente al Estado y las instituciones.
Delincuencia fuera de control en San Bernardo
Durante su intervención, White fue enfático al señalar que la inseguridad no es un fenómeno aislado, sino una realidad que golpea con fuerza a su comuna. Como prueba de esta escalada, mencionó que el viernes pasado la PDI incautó un fusil de guerra en un allanamiento, marcando al menos la cuarta ocasión en que se decomisan armas de alto calibre durante su gestión. El edil recordó episodios traumáticos como el secuestro con homicidio de Krishna Aguilera, la joven baleada en el Día del Joven Combatiente y el caso de una persona en situación de calle quemada en la vía pública.
Si seguimos en este ritmo, estimados congresistas, el día de mañana que no nos sorprenda que un alcalde amanezca muerto.
El alcalde también compartió su experiencia personal al ser agredido junto a funcionarios municipales mientras realizaban labores de limpieza y retiro de vehículos. Para White, el reciente secuestro de un empresario ferretero en San Miguel confirma que la banda criminal Tren de Aragua opera actualmente en la Región Metropolitana.
Brecha policial y crisis en el Hospital El Pino
El jefe comunal presentó datos preocupantes sobre la distribución de recursos policiales. San Bernardo, catalogada como una de las tres comunas más peligrosas del país, cuenta con apenas 112 carabineros, lo que representa un déficit de 208 funcionarios. En comparación, el índice de delitos violentos llega a 2.747 por cada 100.000 habitantes, cifra muy superior a la realidad de Las Condes (90 delitos violentos) o Vitacura (111 delitos violentos). White cuestionó duramente la falta de criterios objetivos en la asignación de efectivos policiales, calificando la distribución actual como poco justa.
La crisis también golpea la salud pública en el Hospital El Pino, centro que atiende a 400.000 personas. Según el edil, el recinto ha sufrido siete encerronas recientes y los médicos han amenazado con renunciar debido al miedo constante: los delincuentes los intimidan dentro del hospital, advirtiéndoles que si salvan a una víctima, los esperarán a la salida.
Ante esta desprotección, el alcalde solicitó formalmente incluir a las Fuerzas Armadas en tareas de colaboración. Además, expresó su inquietud por el uso de estructuras precarias o «rucos» como fachadas delictuales y exigió mayor transparencia en los cambios dentro del plan Calles sin Violencia. La situación se mantiene tensa, con una autoridad que advierte que, de no mediar cambios estructurales, la violencia contra los liderazgos locales podría escalar a consecuencias irreversibles.
