Argentina, reconocida históricamente en la región por su sistema de universidades públicas, gratuitas y de calidad, atraviesa hoy una crisis sin precedentes. La ventaja comparativa que históricamente atrajo a estudiantes de Brasil, Chile, Colombia y Venezuela hacia centros como Buenos Aires o Córdoba está en riesgo tras el ajuste implementado por el gobierno de Javier Milei desde diciembre de 2023.
El recorte presupuestario ha sido profundo, afectando salarios, infraestructura y becas. Valentina, de 23 años y estudiante de tercer año de Psicología en la UBA, resume el impacto cotidiano:
Siempre estuve bastante justa, pero hasta el año pasado me alcanzaba para los colectivos y la comida. Este año, ya no llego. Y mirá que vivo con mi mamá.
Al ser rechazada su solicitud de beca, la joven se plantea reducir su carga académica para poder trabajar.
El impacto del recorte en los presupuestos universitarios
De acuerdo con el Informe de Situación del Sistema Universitario elaborado por FEDUN y el CIICTI, el presupuesto para las casas de estudio cayó un 36,4% en los últimos tres años. El financiamiento, que representaba un 0,72% del PBI en 2023, ha descendido al 0,43% en el presente año. En términos acumulados, las universidades nacionales han perdido el equivalente a más de un año completo de financiamiento.
El ajuste se ha concentrado principalmente en los salarios, que representan el 86,9% del gasto. Entre 2023 y 2026, la reducción en este ítem alcanzó un 43,2%, dejando al 75% del personal universitario con ingresos por debajo de la línea de pobreza. Germán Pinazzo, vicerrector de la UNGS, sostiene que esta situación genera cierres de comisiones y la migración de docentes valiosos hacia el sector privado.
Infraestructura y programas estratégicos desmantelados
Además del impacto salarial, los gastos de funcionamiento han caído un 57,1%. Programas clave como FUNDAR para la investigación sufrieron un recorte del 89,7%, mientras que los proyectos especiales y la promoción de carreras estratégicas bajaron un 91,6% y 77,4% respectivamente. Paloma Estigarribia, graduada de la UNQ, recuerda las condiciones de sus últimos días de estudio:
Ibas al baño y faltaba papel higiénico, antes no pasaba eso.
El costo de estudiar en el sector privado, que oscila entre los 400.000 y 1.000.000 de pesos mensuales (cerca de 390 a 970 dólares), se vuelve inalcanzable para la mayoría de los estudiantes que, según Daniel Fihman, vicerrector de la UNQ, trabajan en un 80% de los casos.
Conflicto legal y futuro del sistema
La tensión escaló hasta el Congreso, donde se aprobó la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario. Pese a que el Legislativo insistió en su aprobación tras un veto presidencial, el Ejecutivo suspendió su aplicación mediante un decreto. Tras una judicialización del proceso, el gobierno presentó en febrero de 2026 una propuesta de mejora presupuestaria del 12,3%, cifra que no cubre la inflación proyectada del 20,3%.
Ante este panorama, el CIN ha convocado a una cuarta marcha federal para el próximo 12 de mayo. Mientras el gobierno insiste en sus medidas, los gremios académicos advierten que, si la política de desfinanciamiento se mantiene, la sostenibilidad de la educación pública superior en el país estará seriamente comprometida.
