La tensión internacional aumenta tras la interceptación de la Flotilla Global Sumud en aguas internacionales. Este sábado, se confirmó que los activistas Thiago Ávila, de nacionalidad brasileña, y Saif Abukeshek, español de origen palestino, fueron trasladados a territorio israelí donde serán sometidos a interrogatorios policiales.
El movimiento islamista Hamás reaccionó duramente ante el hecho, condenando los presuntos abusos y agresiones físicas sufridas por los detenidos durante su captura el pasado jueves. En un comunicado oficial, el grupo calificó el actuar de las fuerzas israelíes como una muestra del “declive moral” del país.
Denuncias de tortura y exigencias internacionales
La organización responsable de la expedición denunció esta madrugada que ambos activistas fueron víctimas de torturas por parte del Ejército israelí durante su arresto. Ante esta situación, Hamás hizo un llamado directo a las organizaciones de derechos humanos para que documenten los sucesos y preparen acciones legales ante tribunales internacionales que permitan exigir responsabilidades a los mandos israelíes.
“Los abusos y agresiones físicas perpetrados por las fuerzas de ocupación sionistas contra los activistas de la Flotilla Global Sumud antes de su liberación constituyen una prueba más de la magnitud del crimen y el declive moral de Israel”
El grupo palestino también reiteró su orgullo por la participación de los activistas en esta iniciativa, cuyo objetivo central es romper el bloqueo impuesto sobre la Franja de Gaza. Asimismo, incentivaron a la comunidad internacional a intensificar las acciones de solidaridad con el pueblo palestino.
Posición de Israel y respuesta diplomática
El Ministerio de Exteriores israelí confirmó el arribo de Abukeshek y Ávila, argumentando que ambos mantienen presuntos vínculos con el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP). Según las autoridades locales, los detenidos recibirán visitas consulares de sus respectivos países mientras son interrogados.
Por su parte, el equipo jurídico que representa a los activistas sostiene que la detención de las aproximadamente 175 personas que viajaban en las 21 embarcaciones fue totalmente ilegal, ya que el abordaje ocurrió al oeste de Creta, en aguas internacionales. Ante la noticia de que estos dos ciudadanos no fueron liberados en Grecia junto al resto de los participantes, los gobiernos de España y Brasil exigieron formalmente su puesta en libertad inmediata. La incertidumbre sobre el futuro judicial de los activistas mantiene la alerta en las cancillerías mientras se espera conocer el alcance real de los interrogatorios.
