Ataque directo contra el Poder Judicial
Un trágico asesinato de un magistrado ha conmocionado a Bolivia. Víctor Hugo Claure, juez del Tribunal Agroambiental, fue acribillado a balazos la noche del jueves en Santa Cruz, cuando se desplazaba en un taxi tras asistir a una cena oficial.
El comandante policial de Santa Cruz, David Gómez, confirmó en rueda de prensa que el ataque fue perpetrado por dos hombres a bordo de una motocicleta. Los sujetos interceptaron el vehículo justo cuando el magistrado dejaba a una funcionaria judicial en su domicilio. Uno de los atacantes descendió del rodado y disparó repetidamente contra Claure, quien ocupaba el asiento delantero del taxi.
Investigan posible vínculo con conflicto de tierras
El cuerpo de la víctima presentó un total de cuatro impactos de bala y, pese a los esfuerzos por trasladarlo a un centro asistencial, el juez falleció antes de llegar al hospital. Aunque las investigaciones continúan, las autoridades barajan como principal hipótesis un ajuste de cuentas por tierras.
«Habría emitido algún tipo de resolución referente a la posesión o al aprovechamiento de algunas tierras en el oriente boliviano», señaló el comandante Gómez, sugiriendo que la labor judicial del magistrado habría motivado el violento ataque.
Cápsulas de seguridad para 13 magistrados
El crimen ha generado un despliegue inmediato de fuerzas de seguridad en la región. Dado que otros 13 altos magistrados se encontraban en Santa Cruz para participar en un evento oficial del órgano judicial —cuya sede central reside en Sucre—, la Policía dispuso la creación de «cápsulas de seguridad» para proteger a estas autoridades.
El objetivo actual de la policía es facilitar el retorno seguro de los magistrados a sus respectivos distritos ante el clima de inseguridad. Por su parte, el fiscal Alberto Zeballos aseguró que ya cuentan con registros audiovisuales y declaraciones de testigos presenciales. «Estamos realizando todos los esfuerzos necesarios para poder esclarecer esta clase de ilícitos, para poder dar con los autores materiales e intelectuales», sentenció el fiscal.
