La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal argentina anuló este miércoles el procesamiento del expresidente Alberto Fernández en el marco de la investigación denominada “Causa Seguros”. El fallo, que altera el curso judicial del caso, fue determinado por los votos de los jueces Mariano Borinsky y Javier Carbajo, mientras que el magistrado Gustavo Hornos optó por votar en disidencia. Con esta resolución, se revoca la confirmación de procesamiento que había dictado previamente la Cámara Federal, obligando a dicho tribunal a emitir una nueva resolución sobre la situación del exmandatario.
¿De qué se acusa a Alberto Fernández?
La investigación se centra en presuntas irregularidades vinculadas a contratos de seguros estatales realizados durante su gestión entre 2019 y 2023. El exjefe de Estado está imputado por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública. La justicia analiza un esquema de direccionamiento de contratos que involucra un decreto firmado bajo su administración, la participación de intermediarios privados y el pago de comisiones millonarias a brokers vinculados al poder.
Los registros judiciales indican que el monto total de las comisiones abonadas a intermediarios en contratos entre organismos públicos y Nación Seguros alcanzó los 3.364 millones de pesos argentinos, equivalentes a unos 2.200 millones de pesos chilenos. Uno de los actores clave en esta trama sería Héctor Martínez Sosa, un broker y amigo personal de Fernández, quien habría concentrado el 59,6% de los pagos. El expediente judicial abarca un total de 45 contratos y 25 intermediarios, además de indagar el papel de una cooperativa que presuntamente operaba como financiera en el esquema.
El debate jurídico en Casación
La defensa de Alberto Fernández había presentado un recurso solicitando la nulidad del procesamiento, argumentando que se vulneró el derecho a la defensa y el debido proceso. Según el planteamiento, no se escuchó el testimonio de personas clave como la exsecretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y el excanciller Santiago Cafiero. El fiscal José Luis Aguero Iturbe respaldó la necesidad de revisar esta omisión antes de confirmar el procesamiento.
Borinsky y Carbajo determinaron que la Cámara Federal resolvió “en exceso” de lo solicitado por las partes, afectando “el principio acusatorio, el contradictorio y el debido proceso”, motivos suficientes para anular la resolución anterior.
Por otro lado, el juez Gustavo Hornos, en su voto en disidencia, sostuvo que el recurso de la defensa debía ser rechazado por no tratarse de una sentencia definitiva. Hornos defendió la contundencia de las pruebas acumuladas y subrayó que el Decreto 823/2021 permitió un esquema de direccionamiento irregular que resultó en un perjuicio económico para el Estado argentino, favoreciendo el cobro de comisiones superiores a los valores de mercado.
¿Qué sucede ahora con la causa? El expediente vuelve a manos de la Cámara Federal, la cual deberá revisar nuevamente los antecedentes y dictar un nuevo pronunciamiento. Este proceso judicial, que investiga una red de corrupción en contratos con Nación Seguros, sigue avanzando y mantiene la posibilidad de convertirse en el primer juicio oral por hechos de corrupción contra el expresidente Alberto Fernández.
