El Gobierno acata la instrucción de Contraloría
El Ministerio Secretaría General de Gobierno (Segegob), liderado por la ministra Mara Sedini, confirmó que dará inicio al proceso disciplinario instruido por la Contraloría General de la República. El organismo fiscalizador ordenó esta medida tras analizar la publicación en redes sociales bajo el concepto de «Estado en quiebra», la cual generó cuestionamientos sobre el lenguaje utilizado por la entidad pública.
Desde la cartera, señalaron que actúan bajo la premisa de ser respetuosos con las atribuciones del ente contralor. «Como gobierno procederemos acorde a nuestras obligaciones de transparencia, rigurosidad y respeto por las instituciones. Desde ese punto de vista, llevaremos adelante el proceso disciplinario instruido en su dictamen», afirmaron mediante un comunicado oficial.
Balance sobre la comunicación oficial
El dictamen de la Contraloría fue enfático al establecer que, si bien el Ministerio cuenta con la facultad de informar a la ciudadanía mediante redes sociales —incluso utilizando un lenguaje cotidiano para facilitar la comprensión—, dichas comunicaciones deben ceñirse a principios técnicos y de moderación. El Ministerio admitió que las expresiones utilizadas no cumplieron con los estándares exigidos, admitiendo que pudieron generar confusión, lo que derivó en el retiro del contenido digital.
Por su parte, la Segegob valoró que el organismo fiscalizador reafirmara la potestad del Ministerio para informar sobre el estado fiscal del país. Al respecto, aseguraron que el compromiso ahora es comunicar la «delicada situación fiscal» en la que se encuentra Chile, ajustándose estrictamente a las observaciones y directrices entregadas por la entidad liderada por el Contralor General.
Medidas para evitar errores futuros
Además de la apertura del sumario para determinar las responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados, el Ministerio se ha comprometido a implementar nuevas medidas internas. El objetivo principal de estos cambios es evitar futuras comunicaciones imprecisas que puedan derivar en nuevos cuestionamientos institucionales.
Es importante notar que este debate se produce en un contexto de discusiones económicas paralelas, como las aclaraciones realizadas recientemente por la autoridad respecto a eventuales modificaciones en la Pensión Garantizada Universal (PGU), donde se enfatizó que «no hay recorte de ningún pensionado». El Gobierno busca ahora equilibrar su deber informativo con el estricto cumplimiento de la normativa administrativa vigente.
