Ministra Chomali respalda salida de Loreto Maturana en Hospital de San Antonio

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El respaldo ministerial tras la crisis en el hospital

La ministra de Salud, May Chomali, entregó su firme respaldo a la decisión adoptada por Juan Castro, director del Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio (SSVSA). La autoridad validó la solicitud de renuncia no voluntaria presentada contra Loreto Maturana, quien hasta hace poco ejercía como directora del Hospital Claudio Vicuña de San Antonio.

Para la secretaria de Estado, la relación jerárquica entre los directores de servicio y los directores de hospitales debe fundamentarse en la confianza mutua. «Si no existe la confianza como atributo de una relación, no se puede trabajar», enfatizó Chomali al ser consultada por los medios sobre este polémico despido.

Motivos tras la desvinculación de Loreto Maturana

El conflicto escaló tras la decisión de Maturana de designar a la exministra de Desarrollo Social y Familia, Jeannette Vega, como subdirectora médica de Gestión Asistencial del recinto hospitalario. El Servicio de Salud argumentó que nunca fueron notificados sobre este nombramiento, sumando a esto alegatos por reiterados errores en la conducción y una profunda pérdida de confianza.

La ministra Chomali fue categórica al señalar que la solicitud de renuncia responde a un criterio técnico y administrativo solicitado por la dirección del SSVSA. «Es de toda y justa razón que el director de servicio, ante la pérdida de confianza, que fue lo que él nos manifestó, haya solicitado la renuncia», reiteró la autoridad sanitaria.

Rechazo del cuerpo médico y tensión política

La salida de Maturana ha generado una fuerte resistencia al interior del establecimiento. Un grupo de médicos del Hospital Claudio Vicuña anunció que presentará sus renuncias en señal de protesta. A través de una declaración pública, los profesionales manifestaron que rechazan «categóricamente la solicitud de renuncia desde el director del SSVSA a nuestra directora Loreto Maturana».

Según el gremio médico, esta medida no se sustenta en argumentos técnicos, sino que la califican como un acto de persecución política. La situación mantiene en alerta a la red asistencial de la región, mientras se espera una resolución definitiva sobre la continuidad del equipo facultativo afectado por la remoción.

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