Un profesor de San Antonio, en la Región de Valparaíso, enfrenta un proceso judicial tras ser formalizado por el envío reiterado de material audiovisual de carácter sexual a una alumna de 17 años. La investigación busca esclarecer el hostigamiento ejercido por el docente mientras se desempeñaba en un establecimiento educacional de la zona.
Detalles de la formalización y medidas cautelares
El fiscal de San Antonio, Fred Silva, lideró la audiencia realizada este sábado, donde se detalló la conducta del imputado. Según la exposición de la Fiscalía, el docente utilizaba estos registros visuales con el objetivo de lograr su propia satisfacción sexual y, simultáneamente, intentar provocar reacciones similares en la menor de edad.
"Se formalizó investigación contra un profesor de un colegio del sector de la comuna de San Antonio por enviar videos e imágenes explícitas con la finalidad de excitarse a él e intentar excitar a una alumna de 17 años de edad", señaló el persecutor Fred Silva.
Tras la exposición de los hechos, el tribunal determinó la formalización bajo el artículo 366 quater del Código Penal. Este apartado sanciona el abuso sexual cometido contra personas mayores de 14 años sin que exista contacto físico entre las partes, un delito que conlleva penas que oscilan entre los 541 días y los 5 años de presidio, dependiendo de las circunstancias agravantes o atenuantes que se definan en el juicio.
Restricciones impuestas al docente
Para asegurar el desarrollo de la investigación y proteger a la víctima, el magistrado de turno dictó una serie de medidas cautelares estrictas contra el imputado:
- Arresto domiciliario nocturno.
- Arraigo nacional para evitar su salida del país.
- Firma mensual ante la autoridad correspondiente.
- Prohibición absoluta de acercarse a la víctima.
- Prohibición total de aproximarse al establecimiento educacional donde ocurrieron los hechos.
En la actualidad, el Ministerio Público cuenta con un plazo de 90 días para cerrar la etapa de investigación. Durante este periodo, se deberán recabar todas las pruebas pertinentes que permitan fundamentar la acusación en un eventual juicio oral. La comunidad educativa y las autoridades locales permanecen atentas a los resultados de este proceso, que determinará la responsabilidad final del docente frente a los hechos denunciados.
