Ante la preocupante escalada de amenazas de tiroteos y atentados que han derivado en evacuaciones y la suspensión de jornadas escolares en Chile, los diputados Roberto Arroyo (PSC) y Catalina del Real (REP) oficializaron la presentación de un proyecto de ley destinado a sancionar penalmente estas conductas. La iniciativa busca establecer un delito autónomo en el Código Penal para castigar a quienes, de manera consciente, difundan mensajes sobre supuestos ataques con armas o explosivos.
La medida se enfoca específicamente en advertencias dirigidas a una colectividad, afectando el funcionamiento de establecimientos educacionales, centros de salud y otras dependencias del Estado. El objetivo principal es penalizar a los responsables de generar alarma pública mediante avisos que, aunque frecuentemente resultan ser falsos, provocan despliegues policiales masivos y una profunda inestabilidad en las comunidades afectadas.
El vacío legal tras las amenazas
Actualmente, el sistema judicial enfrenta dificultades para procesar estos hechos debido a la inexistencia de una figura penal específica. Según los parlamentarios, el problema radica en que las amenazas no se dirigen contra una persona determinada, lo que impide su persecución eficaz. Roberto Arroyo fue enfático al respecto:
Hoy existe un vacío legal frente a este tipo de amenazas que no apuntan a una persona en particular, sino que generan temor en comunidades completas. No podemos permitir que se sigan normalizando situaciones que paralizan colegios, centros de salud y servicios públicos.
Por su parte, la diputada Catalina del Real subrayó que el Estado tiene la obligación de intervenir ante el pánico que estas situaciones provocan en los usuarios y trabajadores del sistema público. Del Real recalcó la urgencia de la medida señalando que:
No podemos seguir normalizando amenazas que generan pánico en comunidades completas, especialmente en colegios y centros de salud. Aquí hay niños, familias y trabajadores que merecen sentirse seguros, y el Estado tiene el deber de actuar con firmeza.
El proyecto surge en un escenario crítico donde la activación de protocolos de emergencia ha consumido recursos públicos significativos y ha alterado la rutina de miles de ciudadanos. La tramitación de esta propuesta será clave para determinar si el ordenamiento jurídico chileno logrará frenar este tipo de conductas que, hasta ahora, han operado en una zona gris de la ley. ¿Será suficiente esta nueva figura penal para detener el incremento de falsas alarmas que afectan la seguridad nacional?
