Deficiencias críticas en la Superintendencia de Educación
Un reciente informe de la Contraloría General de la República (CGR), identificado bajo el número 660 de 2025, ha dejado al descubierto serias irregularidades en la gestión de la violencia escolar en Chile. El documento analizó el cumplimiento de las normas de convivencia que deben garantizar la Superintendencia de Educación y la Subsecretaría de Educación, concluyendo que los establecimientos educacionales con mayor cantidad de reportes por maltrato prácticamente no fueron fiscalizados.
Cifras alarmantes: baja capacidad de fiscalización
Los datos contenidos en el reporte son contundentes. Entre el año 2020 y el 13 de octubre de 2025, el sistema recibió un total de 35.410 denuncias por episodios de violencia escolar a lo largo del país. Sin embargo, el organismo encargado solo realizó procesos de fiscalización sobre 1.727 de estas denuncias, una cifra que apenas representa una fracción del problema total. La auditoría advierte que estas denuncias no han servido para reducir la violencia, sino que, por el contrario, confirman que esta problemática sigue siendo un desafío crítico para la educación pública nacional.
Irregularidades en la reubicación de estudiantes
Otro punto crítico abordado por la CGR fue el proceso de reubicación de estudiantes de colegios emblemáticos que enfrentaron medidas como la expulsión o la cancelación de su matrícula. La investigación detectó que 38 alumnos sancionados fueron reubicados o mantienen matrículas vigentes en otros liceos de alta exigencia, saltándose los protocolos legales de reubicación. Los planteles analizados incluyen el Instituto Nacional José Miguel Carrera, Liceo José Victorino Lastarria, Internado Nacional Barros Arana (INBA), Liceo de Aplicación, Liceo Manuel Barros Borgoño, Liceo 7 de Providencia y el Liceo Carmela Carvajal.
Además, se determinó que un 21% de los alumnos sancionados terminó reincorporándose al mismo establecimiento que los había expulsado, dado que los directivos no ejercieron su facultad de oponerse a dicho retorno. El 79% restante fue admitido en otros colegios emblemáticos que, paradójicamente, figuran entre los centros con mayores índices de violencia escolar. Ante este panorama, la Contraloría ha ordenado a la Superintendencia y a la Subsecretaría de Educación coordinar medidas correctivas inmediatas para regular el procedimiento de reubicación de estudiantes sancionados por hechos de violencia.
