La Asociación Nacional de Profesionales de la Administración del Poder Judicial (Aprajud) ha manifestado su profunda preocupación y enérgico rechazo ante los hechos ocurridos en la Corte de Apelaciones de Arica, donde uno de sus asociados, el Administrador del tribunal Raúl Marchant Lira, fue víctima de una agresión perpetrada por otro funcionario judicial, quien posteriormente fue abatido por Carabineros y Gendarmería.
Aprajud señaló que este episodio constituye una vulneración directa a los principios rectores de la función pública, como la probidad, el buen trato, la seguridad laboral y el resguardo del servicio judicial. La asociación afirmó que el «caso evidencia graves fallas estructurales» que las autoridades del Poder Judicial y del Estado deben abordar con urgencia.
Exigencia de responsabilidad y esclarecimiento
La organización gremial confirmó que las investigaciones administrativas y penales ya fueron dispuestas por los ministros de la Corte de Arica y por la Fiscalía Regional. Aprajud exigió que estas «indagatorias esclarezcan con total exhaustividad las circunstancias que rodearon los hechos, determinen responsabilidades y apliquen las sanciones que correspondan» dentro del marco del derecho.
Asimismo, Aprajud expresó su apoyo, solidaridad y disposición de acompañamiento a la familia de su asociado Raúl Marchant, esperando su pronta recuperación con acceso a toda la atención médica y psicológica que su estado de salud requiera.
Problemas estructurales que trascienden el hecho puntual
La asociación también envió sus condolencias a la familia del funcionario agresor, reconociendo que «ningún hecho de esta naturaleza puede comprenderse sin considerar las múltiples dimensiones personales, psicológicas y laborales involucradas«. En ese sentido, reiteraron su respeto hacia su familia, quienes también enfrentan un profundo dolor que merece acompañamiento.
Aprajud declaró que los hechos en Arica vuelven a poner en evidencia problemáticas que han denunciado por años, entre ellas:
1. Deficiencias en la protección de la salud mental de los funcionarios judiciales
La asociación exige una «respuesta institucional robusta, preventiva y permanente» para abordar esta grave situación.
2. Sobrecarga laboral y escasez de dotación
Aprajud califica esta realidad como crítica, considerando que el «número de funcionarios se mantiene prácticamente igual al de hace 25 años», mientras la demanda judicial aumenta en todas las materias.
3. Falta de mecanismos eficaces para identificar riesgos psicosociales
La asociación afirma que la ACHS y las autoridades administrativas deben «actuar con mayor rigor e inmediatez» en esta materia.
4. Necesidad de analizar la aplicación de la Ley Karin
Aprajud plantea la necesidad de analizar, desde una perspectiva jurídica, la eventual aplicación de esta ley, considerando la gravedad del episodio y la obligación estatal de garantizar ambientes laborales seguros y libres de violencia.
Finalmente, la asociación reafirmó su «histórica» exigencia respecto de la «urgente separación de funciones jurisdiccionales y administrativas en los tribunales del país», pues la estructura actual sigue exponiendo a los equipos judiciales a tensiones y conflictos que podrían evitarse con una organización moderna y eficiente.
Aprajud espera que lo ocurrido en Arica sea una advertencia seria para el debate legislativo que se desarrolla en la Comisión de Constitución del Senado, y ha instado a las autoridades de los tres poderes del Estado a asumir su responsabilidad institucional y legal.
