En un giro dramático, el exministro argentino de Planificación Federal, Julio de Vido, de 75 años, ha sido apresado este jueves después de que la Corte Suprema ratificara su condena a cuatro años de cárcel por el delito de administración fraudulenta en relación con la tragedia ferroviaria que sacudió a Argentina en 2012.
La tragedia, conocida como «La Tragedia de Once», ocurrió el 22 de febrero de 2012 cuando un tren chocó contra la cabecera de la estación del barrio porteño de Once, dejando un saldo de 51 personas muertas y 700 heridas, convirtiéndose en uno de los accidentes de transporte más graves de la historia argentina.
Condena Confirmada por la Corte Suprema
Tras un extenso proceso judicial, la Corte Suprema de Justicia de Argentina ratificó hace dos días la condena de De Vido, quien se desempeñó como ministro de Planificación durante los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015). El tribunal lo consideró «partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública» al establecer que no cumplió con su deber de controlar el uso de los fondos públicos asignados a la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA), responsable de la tragedia.
Prisión Domiciliaria Denegada
Ayer, el tribunal de primera instancia le había negado a De Vido la modalidad de prisión domiciliaria que había solicitado su defensa, debido a su edad y estado de salud. Así, este jueves, el exministro se presentó voluntariamente ante el Tribunal Oral Federal, acompañado por su hijo y sus abogados, y fue apresado formalmente.
Antecedentes del Exministro
De Vido ya había estado encarcelado entre 2017 y 2019 por un caso de corrupción, y ha sido procesado por una decena de causas adicionales. Además, está imputado en la causa conocida como «los cuadernos de la corrupción», cuyo juicio oral comenzó la semana pasada, y tiene como principal imputada a la expresidenta Cristina Fernández.
La detención de Julio de Vido se produce como un nuevo capítulo en la lucha contra la corrupción en Argentina, donde figuras políticas de alto perfil enfrentan las consecuencias de sus actos. Este caso resalta la importancia de la rendición de cuentas y la justicia para las víctimas de tragedias evitables.
