En el marco del último debate presidencial, los candidatos a La Moneda se pronunciaron sobre el inminente desalojo de la megatoma de San Antonio, en la región de Valparaíso. Con un plazo de 30 días determinado por la Corte de Apelaciones para que las autoridades habiliten albergues para las más de 10 mil personas afectadas, la mayoría de los aspirantes coincidieron en que se debe cumplir la orden judicial, aunque con matices en sus propuestas.
Llamados al Gobierno Actual
La candidata del pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara, hizo un llamado al gobierno del presidente Gabriel Boric a realizar las gestiones que «hasta la fecha no se han concretado». Por su parte, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, señaló que se trata de una posición legítima, «independiente de que la candidata haya formado parte del gobierno».
Cumplimiento de la Ley
El abanderado republicano, José Antonio Kast, y el independiente, Marco Enríquez-Ominami, recalcaron que «la ley debe cumplirse». Sin embargo, ME-O hizo hincapié en que, en paralelo, debe atenderse la emergencia habitacional.
Negociaciones Fallidas
El candidato del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, también sostuvo que la orden debe ejecutarse, recordando que se realizaron negociaciones previas que no llegaron a buen puerto.
Reubicación de Familias
Por su parte, el independiente Harold Mayne-Nicholls señaló que los desalojos deben ir de la mano con un plan de reubicación para los niños que habitan los campamentos.
Procedimientos Anteriores
La abanderada de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, Evelyn Matthei, se limitó a recordar el desalojo realizado en la toma Los Calicheros de Quilpué, destacando el procedimiento implementado por las autoridades.
Silencio de Algunos Candidatos
Finalmente, el representante del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, no se refirió al tema.
Queda claro que, si bien la mayoría de los candidatos coinciden en que se debe cumplir la orden judicial, existen diferencias en cuanto a las soluciones y el abordaje de esta compleja situación que afecta a más de 10 mil personas.
