En una audiencia judicial reveladora, la Fiscalía expuso los detalles de una trama de pagos encubiertos que habría involucrado a una exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, y a otros tres imputados en el caso conocido como «Muñeca Bielorrusa».
Según el relato del Ministerio Público, Vivanco habría intervenido a favor del consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec en siete fallos de la Corte Suprema entre 2023 y 2024, obligando a la estatal Codelco a desembolsar más de $17.500 millones. A cambio, habría recibido retribuciones económicas canalizadas a través de su pareja, Gonzalo Migueles, y los abogados representantes del consorcio, Mario Vargas y Eduardo Lagos.
La Estructura de Pagos Encubiertos
La Fiscalía sostiene que los imputados habrían acordado una estructura de pagos encubiertos mediante transferencias, compras de dólares y contratos simulados para ocultar el origen ilícito de los fondos. Se identificaron tres hitos financieros clave que vinculan los fallos judiciales con estos flujos de dinero:
- El 4 de julio de 2023, cuando la Corte Suprema falló a favor del consorcio, coincidiendo con transferencias por 79 millones al estudio de los abogados Vargas y Lagos, y movimientos en dólares vinculados a Migueles.
- El 11 de diciembre de 2023, tras otro fallo favorable que implicó el pago de 4.400 millones desde Codelco al consorcio, de los cuales 198 millones llegaron al estudio jurídico y luego se giró un cheque por 70 millones a una casa de cambio.
- El 14 de marzo de 2024, cuando se registró otro flujo de 45 millones entregados en efectivo a Migueles.
Según la Fiscalía, los registros telefónicos y los allanamientos realizados confirmaron la trazabilidad de estos pagos y el uso reiterado de efectivo en moneda extranjera para evitar los registros bancarios.
Próximos Pasos
La audiencia de formalización continuará el próximo lunes 10 de noviembre, y se espera que el Ministerio Público solicite prisión preventiva para los tres imputados por los delitos de cohecho, soborno y lavado de activos.
Este escándalo en la cúpula del Poder Judicial pone en entredicho la integridad del sistema y subraya la urgente necesidad de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en la administración de justicia.
