Un ingeniero constructor que trabaja para el Ministerio de Obras Públicas (MOP) ha interpuesto un recurso de protección en contra de la Contraloría General de la República (CGR), acusando a este organismo fiscalizador de vulnerar los principios esenciales de la Ley N° 21.643, conocida como Ley Karin.
La Ley Karin, promulgada en 2024, tiene como objetivo fortalecer la prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual y la violencia en el trabajo. Uno de sus principios clave es asegurar la confidencialidad y protección de la identidad de los denunciantes.
Denuncia por Ley Karin
El denunciante, de iniciales M.V.C., señaló que interpuso una denuncia ante la Dirección del Trabajo de Concepción por hechos que constituyen acoso laboral, amparándose en la Ley Karin. De manera paralela, presentó una denuncia administrativa ante la Contraloría Regional del Bío Bío, dirigida contra funcionarios del MOP por hostigamiento, amenazas, coacciones y represalias.
Al presentar la denuncia ante la Contraloría, M.V.C. solicitó expresamente la reserva de su identidad. Sin embargo, recibió una comunicación formal el 20 de agosto de 2025 por parte de la Contraloría Regional, la cual indicaba que la denuncia no continuaría su tramitación si no accedía al levantamiento de la reserva.
Vulneración de confidencialidad y represalias laborales
Según el recurso de protección, el denunciante afirma que esta situación le generó un alto grado de angustia, ansiedad y temor fundado a sufrir nuevas represalias laborales y personales por parte de los mismos denunciados. Además, indica que tras sus denuncias, comenzó a recibir represalias, como el bloqueo de su acceso al correo corporativo y a los documentos laborales, lo cual viola los principios de la Ley Karin.
Recurso de protección contra Contraloría
Producto de lo acontecido, el recurrente interpuso un recurso de protección contra la CGR ante la Corte de Apelaciones de Concepción el pasado 14 de octubre de 2025. En el libelo, el profesional argumentó que la actuación de la Contraloría Regional del Bío Bío constituye un acto arbitrario e ilegal que vulnera su derecho a la libertad personal, seguridad individual e integridad psíquica y emocional.
El denunciante solicitó a la Corte que se deje sin efecto el levantamiento forzado de su identidad y que se reactive la denuncia bajo reserva, instruyendo a la CGR a adoptar medidas de protección conforme a la Ley Karin.
Según M.V.C., esta batalla legal es un enfrentamiento desigual contra la poderosa Contraloría. Mientras tanto, desde el organismo contralor declinaron referirse a esta causa, argumentando que se trata de un tema judicializado.
