En un impactante descubrimiento, un equipo de profesionales contratados por el municipio de La Serena ha destapado un fraude de proporciones alarmantes en la Corporación Municipal Gabriel González Videla. La investigación reveló la existencia de 95 «funcionarios fantasma» en el área de educación, lo que ha derivado en un déficit de mil millones de pesos solo en el año 2023.
Según informó la alcaldesa Daniela Norambuena, la querella criminal interpuesta inicialmente se ha ampliado para incluir al exalcalde Robertto Jacob, quien presidía el directorio de la corporación, así como a otros exdirectivos clave. Estos funcionarios habrían permitido y encubierto de manera sistemática este esquema de corrupción.
Defraudación Masiva al Fisco
De acuerdo con el abogado Adrián Vega, quien representa al municipio, las querellas presentadas se centran en tres delitos principales: malversación de fondos públicos, fraude al Fisco y administración desleal. Solo en el ámbito de asistencias técnicas educativas, se han objetado más de 360 millones de pesos por falta de justificación y respaldo.
Además, se ha detectado el pago a «funcionarios fantasma» que figuraban en las nóminas, pero que los directores de los establecimientos educativos aseguraron desconocer. Esto habría generado un perjuicio millonario para las arcas municipales.
Deuda Acumulada de $83.000 Millones
La alcaldesa Norambuena señaló que la deuda total de la Corporación Municipal Gabriel González Videla asciende a más de 83.000 millones de pesos hasta septiembre del año pasado, una cifra que podría incrementarse aún más a medida que avance la investigación.
Ante esta situación, la máxima autoridad municipal ha manifestado su compromiso de limpiar la imagen de la corporación y hacer responsables a todos los culpables de este escandaloso fraude. Asimismo, ha instado a los exfuncionarios a ofrecer disculpas públicas a la ciudadanía por la grave afectación al servicio público.
Este caso pone en evidencia la urgente necesidad de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en la administración pública, a fin de evitar que se repitan este tipo de abusos que socavan la confianza de la comunidad.
