Las comunidades que se verían afectadas por la instalación de una piscicultura en el río San Pedro, en la región de Los Ríos, están librando una batalla legal para ser reconocidas como parte interesada en la reclamación presentada contra este proyecto.
Originalmente, la Superintendencia del Medio Ambiente archivó una denuncia buscando la caducidad de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) que autoriza la operación de la piscicultura desde 2008. Esta resolución fue reclamada en el Tercer Tribunal Ambiental, con el objetivo de revertirla. Sin embargo, los tribunales rechazaron la solicitud de las comunidades para unirse a este proceso, argumentando que no se había comprobado que realicen actividades cerca de las instalaciones de la piscicultura.
Apelando por el Derecho a Ser Escuchados
Inconformes con esta decisión, los vecinos afectados han presentado un recurso de reposición, buscando revertir la resolución que los dejó fuera de la reclamación. Ornela De Pablo, vocera del Movimiento Río San Pedro sin Salmoneras, cuestionó el fallo de primera instancia y señaló que presentarán certificados de residencia para demostrar que viven en la zona.
Impactos en la Vida Cotidiana y el Patrimonio Ancestral
Entre los argumentos esgrimidos por las comunidades, se menciona que algunos residentes tienen un centro terapéutico en el sector y una empresa de turismo con diversas actividades. Además, hay una comunidad indígena que se opone firmemente a la instalación de la piscicultura en lo que consideran un sitio ancestral.
Asimismo, existe un Comité Ambiental Comunal que busca mejorar la calidad de vida de las personas, centrándose en el cuidado de la naturaleza. Con esta acción, las comunidades buscan ser incorporadas en la reclamación que persigue la caducidad del RCA del proyecto, así como la paralización completa de las obras de la piscicultura.
Una Batalla Legal Crucial para las Comunidades Afectadas
La resolución de este caso tendrá implicaciones significativas para las comunidades locales que se oponen a la instalación de la piscicultura en el río San Pedro. Su lucha por ser reconocidos como parte interesada en el proceso legal es fundamental para asegurar que sus voces y preocupaciones sean escuchadas y consideradas en la toma de decisiones que afectan directamente sus vidas y su entorno.
