En una escandalosa revelación, se ha destapado un fraude masivo en el que más de 1.300 mujeres de la región del Bío Bío fueron víctimas de exámenes mamográficos falsos realizados por el centro médico Novakimen. La Fiscalía ha detallado el modus operandi de los responsables, quienes se adjudicaron millonarias licitaciones con ocho municipios y dos Servicios de Salud de la región, entregando resultados adulterados.
Contratos Millonarios y Exámenes Ficticios
Según la información proporcionada por el Ministerio Público, los contratos con los municipios y servicios de salud contemplaban la realización de mamografías y ecotomografías a pacientes de la salud primaria. Sin embargo, los exámenes que se llevaron a cabo resultaron ser completamente falsos, causando un grave perjuicio a las 1.349 mujeres afectadas.
La fiscal María José Aguayo explicó ante el Juzgado de Garantía de Concepción cómo el laboratorio Novakimen se adjudicó licitaciones por casi 17 millones de pesos, asegurando falsamente que contaba con los especialistas necesarios para practicar los exámenes.
Imputados en Prisión Preventiva
En la reformalización de cargos, la Fiscalía imputó a Roberto Ruiz, dueño del laboratorio, y a la médico venezolana Carmen Martínez, quienes enfrentan cargos por fraude y uso de instrumento público falso, entre otros delitos. Ambos se encuentran actualmente en prisión preventiva desde hace más de un año.
Además, la Fiscalía espera formular cargos contra un tercer involucrado, el doctor Audie Ferreira, respecto del cual ya ha solicitado la extradición desde Estados Unidos.
Impacto en la Salud de las Mujeres
Este escándalo ha puesto en evidencia los graves riesgos que enfrentan las mujeres cuando se confía en exámenes médicos fraudulentos. Más allá de las implicaciones legales, el impacto en la salud de las pacientes es incalculable, ya que se les privó de un diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado en caso de detección de alguna patología.
Este caso resalta la importancia de garantizar la integridad y transparencia de los servicios de salud, especialmente en procedimientos tan cruciales como las mamografías. Las autoridades deben tomar medidas contundentes para evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir y proteger a la población más vulnerable.
