En un esfuerzo por fortalecer la probidad y la integridad en el sector público, el Gobierno ha presentado un proyecto de ley que amplía significativamente las facultades de la Contraloría General de la República (CGR). Esta iniciativa, impulsada a través del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres), busca dotar al ente fiscalizador de nuevas herramientas para ejercer un control más efectivo sobre las entidades y funcionarios sujetos a su supervisión.
Acceso a Información Financiera
Una de las principales novedades del proyecto es la facultad otorgada a la Contraloría para solicitar directamente a cualquier institución bancaria o financiera información sobre las operaciones realizadas por las entidades bajo su fiscalización. Esto permitirá a la CGR acceder de manera más ágil a datos clave para sus investigaciones, fortaleciendo su capacidad de detectar posibles irregularidades.
Responsabilidad Administrativa Extendida
Otra de las modificaciones clave es la posibilidad de incoar sumarios administrativos respecto de personas que hayan cesado en sus cargos hasta seis meses después de su salida. Esto evitará que funcionarios públicos eludan la rendición de cuentas al dejar sus puestos, asegurando que la responsabilidad administrativa no se extinga con el fin del mandato.
Remoción de Autoridades Locales y Regionales
Adicionalmente, el proyecto faculta a la Contraloría para requerir al Tribunal Electoral Regional o al Tribunal Calificador de Elecciones la remoción de alcaldes o gobernadores regionales en caso de constatar una grave vulneración al principio de probidad o un notable abandono de deberes. Esta medida busca fortalecer la rendición de cuentas de las autoridades electas.
Modernización de los Sumarios
Finalmente, la iniciativa también contempla la digitalización de los procesos de sumarios administrativos, que se desarrollarán a través de expedientes electrónicos y utilizarán medios digitales siempre que sea posible. Esto agilizará los procedimientos y los regirá por principios como la confidencialidad, celeridad, imparcialidad y perspectiva de género.
En resumen, este proyecto de ley representa un importante paso en la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de la transparencia en el sector público. Al dotar a la Contraloría de mayores facultades y herramientas, el Gobierno busca garantizar una fiscalización más efectiva y una rendición de cuentas más rigurosa, incluso después de que los funcionarios hayan dejado sus cargos.
