En un hecho sin precedentes, el Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento del Acuerdo de Escazú ha instado al gobierno de Chile a tomar medidas urgentes para proteger a la familia de Julia Chuñil, una destacada defensora ambiental mapuche que lleva un año desaparecida en la región de Los Ríos.
Según el comunicado del Comité, existe un «riesgo razonable» para el núcleo familiar de Chuñil, quienes han sido víctimas de «hostigamiento, estigmatización y amenazas continuas«. Esta resolución marca la primera vez que este organismo, encargado de promover la implementación del Acuerdo de Escazú, exige a un Estado parte que adopte medidas de protección para defensores ambientales y sus familias.
La solicitud se dio luego de que Pablo San Martín Chuñil, hijo de la activista desaparecida, presentara un alegato por el incumplimiento de Chile en materia de seguridad y derechos humanos de defensores ambientales, tal como lo establece el Artículo 9 del Acuerdo de Escazú. En su comunicación, San Martín Chuñil denunció haber sido objeto de «acciones intimidatorias y hostigamientos» y afirmó estar en riesgo de «represalias» en su contra y la de su familia.
El Comité señaló que este riesgo se agrava «debido a la falta de adopción de medidas adecuadas, eficaces y oportunas para prevenir, investigar y castigar los ataques, amenazas e intimidaciones cometidos» contra la familia de Chuñil. En este contexto, el organismo recomendó al gobierno chileno adoptar las medidas necesarias para proteger a la familia inmediata de la defensora ambiental, incluyendo la investigación de los presuntos hostigamientos policiales denunciados por sus hijos.
Cabe recordar que, a mediados de octubre, el fiscal nacional, Ángel Valencia, confirmó que «hay distintas hipótesis que se están investigando» sobre la desaparición de Julia Chuñil, pero evitó dar detalles por el «carácter reservado» de la investigación. Valencia señaló que algunas de estas hipótesis «se orientan a la interpretación de que habrían participado terceros en la desaparición y posible muerte» de la activista.
El Acuerdo de Escazú, el primer tratado ambiental de América Latina, contiene disposiciones específicas sobre la protección de defensores ambientales como Julia Chuñil. Con esta resolución, el Comité de Apoyo al Acuerdo ha dado un paso sin precedentes para exigir al gobierno chileno que cumpla con sus obligaciones de garantizar la seguridad de los defensores y sus familias.
