En un giro dramático en el prolongado conflicto por la compra de la ex Clínica Sierra Bella, el Vigésimo Juzgado Civil de Santiago ha ordenado el embargo de bienes de la Municipalidad de Santiago. Esta medida se debe al incumplimiento del pago a Inmobiliaria San Valentino SpA por la compraventa del inmueble, que asciende a más de $9.300 millones, incluyendo intereses moratorios.
La historia se remonta a enero de 2023, cuando la compra fue firmada ante la 41ª Notaría de Santiago por $8.200 millones. Según lo pactado, la municipalidad debía realizar un pago inicial de $2.400 millones mediante un vale vista y dos desembolsos posteriores. Sin embargo, el alcalde Mario Desbordes (RN) ordenó no cursar el pago, a pesar de que la compraventa ya había sido inscrita a nombre de la institución.
Desde la perspectiva de Inmobiliaria San Valentino, esta negativa persistente y el silencio administrativo «reflejan la actitud soberbia y temeraria del alcalde Mario Desbordes Jiménez, quien, en lugar de honrar los contratos y la buena fe procesal y legal, ha optado por desconocer deliberadamente las obligaciones asumidas por la Municipalidad».
Conflicto Legal y Financiero
Ante el incumplimiento, Inmobiliaria San Valentino inició un juicio ejecutivo en el ámbito civil, además de presentar una denuncia ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), solicitando un pronunciamiento sobre la actuación del Banco Santander y la orden de no pago emitida por la municipalidad.
Según fuentes de la CMF y expertos en derecho mercantil, el actuar del banco podría contravenir lo dispuesto en la Ley N°18.092, que establece que el pagador de un vale vista no está obligado a verificar la autenticidad de los endosos.
Por su parte, la Municipalidad de Santiago ha interpuesto diversas acciones judiciales en defensa de la institución, alegando que mantiene un recurso de nulidad. Sin embargo, Inmobiliaria San Valentino afirma que no existe ninguna acción judicial vigente que permita al alcalde obstruir el pago ordenado por el tribunal.
Precedentes y Responsabilidad Administrativa
Este caso recuerda lo ocurrido en mayo pasado, cuando la justicia condenó a la Municipalidad de Las Condes a pagar $10 mil millones por indemnización de perjuicios. En ese caso, a diferencia de Desbordes, la entonces alcaldesa Catalina San Martín (Evópoli) explicó que el desembolso era necesario para evitar el embargo de propiedades municipales.
Según expertos en derecho administrativo, la negativa de Santiago podría derivar en una sanción de la Contraloría General de la República por infracción a los principios de eficiencia, eficacia y oportunidad, lo que afectaría directamente la responsabilidad administrativa del alcalde.
