En un giro inesperado, la Asociación Gremial de Académicos de la Universidad de la Frontera (UFRO) ha denunciado que los más de $4.300 millones que la Contraloría ordenó reintegrar, fueron en realidad utilizados para pagar remuneraciones de los trabajadores. Esta revelación abre una nueva herida en la ya complicada situación financiera de la casa de estudios.
Según el presidente de la asociación, Edgardo Parra, esta acción podría configurar el delito de malversación de caudales públicos, emplazando a la Fiscalía a investigar a fondo los posibles delitos económicos cometidos durante la administración del ex rector Eduardo Hebel. «Esto permitiría hallar a los responsables de la crisis», afirmó Parra.
Una Crisis Financiera Profunda
La UFRO se encuentra sumida en una preocupante crisis financiera, con un déficit que a fines del año pasado alcanzó los $38.000 millones. Si bien en los últimos meses esta cifra ha disminuido, las arcas de la universidad se verán nuevamente golpeadas al tener que restituir los $4.339 millones que, según la Contraloría, no se justificaron.
Ante esta situación, la nueva administración universitaria está siguiendo un plan de ajuste supervisado por la Superintendencia de Educación Superior, con la esperanza de salir de esta preocupante crisis.
Llamado a la Fiscalía
La Asociación Gremial de Académicos de la UFRO ha emplazado a la Fiscalía a dar certezas sobre la investigación por posibles delitos económicos en la administración anterior. Esto, según Parra, permitiría identificar a los responsables de la crisis financiera que enfrenta la universidad.
Por su parte, el vicerrector académico de la UFRO, Eduardo Cisternas, evitó entregar declaraciones a la prensa cuando se le consultó sobre lo dictaminado por la Contraloría.
Este escándalo financiero pone en jaque la credibilidad de la administración anterior y exige una investigación exhaustiva para esclarecer las irregularidades y recuperar la confianza de la comunidad universitaria.
