Una nueva fiscalización nacional a los 32 clubes del fútbol profesional femenino en Chile ha dejado al descubierto importantes infracciones y millonarias multas, evidenciando que, si bien se ha logrado la formalización contractual del 100% de las jugadoras, persisten desafíos significativos en las condiciones laborales del sector.
La tercera revisión realizada por la Dirección del Trabajo (DT) entre marzo y mayo de 2025 concluyó con la aplicación de 58 multas por un total de $154.364.529 a los equipos de la Liga Femenina y Ascenso. Esto representa una tendencia a la baja en comparación con años anteriores, cuando las sanciones alcanzaron los $225 millones en 2023 y $184 millones en 2024.
Incumplimientos Generalizados
Si bien todos los clubes cumplían con la exigencia de tener el 100% de sus jugadoras contratadas, tal como lo establece la Ley N°21.436, se detectaron numerosos incumplimientos relacionados con higiene, seguridad y condiciones laborales. Entre ellos se encontraron la falta de registros de asistencia, la ausencia de camarines adecuados y la no entrega de elementos de protección personal.
En algunos casos, la DT incluso debió suspender entrenamientos al constatar que las jugadoras no contaban con baños separados ni condiciones mínimas en las canchas. También se notificaron vulneraciones a derechos fundamentales, como desigualdad en las remuneraciones.
Avanzando Hacia Mejoras Estructurales
Javiera Moreno, presidenta de la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol (ANJUFF), señaló que «este hito marca la apertura de una nueva etapa. Los resultados de la fiscalización reflejan que, aunque alcanzamos el 100% de contratos, todavía persisten desafíos en las condiciones de trabajo».
La exfutbolista y psicóloga enfatizó que «es fundamental que los clubes, junto al gremio, avancen en establecer condiciones mínimas que no solo eviten que estas multas se transformen en recursos perdidos, sino que se conviertan en inversión para el desarrollo del fútbol. Solo así podremos garantizar que las jugadoras rindan en el más alto nivel y que la liga se proyecte como una actividad sostenible, capaz de generar más oportunidades económicas tanto para ellas como para los propios clubes».
El programa de fiscalización de la Dirección del Trabajo al fútbol femenino profesional, que se ha extendido durante tres años, ha aplicado multas por más de $563 millones a los clubes, lo que evidencia la urgencia de avanzar en mejoras estructurales más allá de la formalización contractual.
