En un golpe a la credibilidad de las víctimas del estallido social de 2019, dos personas han sido formalizadas ante el Juzgado de Garantía de Temuco por el delito de fraude de pensiones. Francisco Gatica Catalán, de 34 años, y Robinson Jaramillo Monje, de 57 años, fueron acusados de recibir más de 7 millones y 6 millones de pesos, respectivamente, en concepto de pensiones por supuestas lesiones sufridas durante las protestas.
Sin embargo, una investigación del Ministerio Público reveló que las versiones de ambos no se correspondían con la realidad. En el caso de Gatica, se determinó que las lesiones que alegó haber sufrido por un perdigón de Carabineros ocurrieron al menos 10 días antes, en un accidente de tránsito. Por su parte, Jaramillo, quien tiene antecedentes por violencia intrafamiliar y abuso sexual, no fue herido por municiones de militares o policías, como había afirmado.
Consecuencias Legales y Cuestionamiento a la Credibilidad
Estos casos representan los primeros formalizados en Chile por este tipo de delito, lo que pone en tela de juicio la legitimidad de algunas de las reclamaciones de víctimas del estallido social. La fiscal Paulina Díaz, a cargo de las investigaciones, detalló que ambos sujetos serán procesados por el delito de fraude de pensiones.
Mientras que Gatica Catalán quedó con arresto domiciliario nocturno al no tener antecedentes penales, Jaramillo Monje fue enviado a prisión preventiva, aunque podrá obtener arresto domiciliario total si paga una caución de 6 millones de pesos. Estos casos resaltan la importancia de verificar exhaustivamente las denuncias y reclamaciones de supuestas víctimas, a fin de evitar que se abuse del sistema y se desvíen recursos públicos destinados a quienes realmente lo necesitan.
Lecciones Aprendidas y Necesidad de Mayor Escrutinio
Estos hechos ponen de manifiesto la necesidad de un mayor escrutinio y transparencia en el proceso de otorgamiento de indemnizaciones y pensiones a víctimas de conflictos sociales. Las autoridades deben implementar mecanismos rigurosos de verificación para asegurar que los beneficios lleguen a quienes verdaderamente los merecen, evitando así que se abuse del sistema en detrimento de la credibilidad de las reclamaciones legítimas.
La sociedad en su conjunto debe estar atenta y exigir rendición de cuentas por parte de las instituciones, a fin de garantizar que los recursos públicos se destinen de manera justa y eficiente. Solo así podremos fortalecer la confianza en los procesos de reparación y asistencia a las víctimas de conflictos sociales.
