La presidenta de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile (Conapach), Zoila Bustamante, ha acusado la existencia de una «intervención económica gigantesca» por parte de ONG extranjeras para defender la Ley Lafkenche en la región de Los Lagos.
«Hoy día tenemos una intervención económica gigantesca con el tema de las ONG que están poniendo plata para que esto se lleve a cabo. Entonces, estamos peleando contra un monstruo gigante», manifestó Bustamante en una entrevista con Radio Bío Bío.
Según la dirigente, este «monstruo» «cuida todo en desmedro de la gente que hace el esfuerzo en el borde costero, y eso es un peligro, más cuando hay plata de por medio, más donde hay ONG extranjeras que son las que están poniendo el billete».
Acusaciones de Influencia Extranjera
Bustamante fue aún más lejos en sus acusaciones, señalando que «si alguien tiene que ponerle el cascabel al gato (…) los que andaban envueltos en la bandera lafkenche eran puros gringos y colorines».
Con ello, la presidenta de Conapach denunció que existe mucha «información falsa» sobre la posición de los pescadores artesanales respecto a la cuestionada Ley Lafkenche.
Modificación de la Ley, no Derogación
A pesar de las fuertes críticas, Bustamante aclaró que no buscan derogar esta normativa, sino que modificarla, especialmente en lo relativo a las concesiones marítimas del sector y los planes de manejo.
La dirigente insistió en que una vez que las comunidades indígenas tramitan la administración de espacios costeros marítimos, las concesiones e infraestructura portuaria se paralizan, incluyendo -asegura- las solicitudes de áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos (especies del fondo marino). Esto les afecta directamente, aún cuando se intenta decir lo contrario, enfatizó Bustamante.
En conclusión, los pescadores artesanales denuncian una fuerte influencia económica extranjera en la defensa de la Ley Lafkenche, lo que consideran una amenaza para sus intereses y medios de vida. Sin embargo, su objetivo no es derogar la ley, sino lograr modificaciones que protejan sus derechos y actividades.
