En un duro revés para las comunidades indígenas de la región de Los Lagos, la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (Crubc) ha rechazado la solicitud de la asociación Ngulam Ñuke Lafken para establecer un Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios (Ecmpo) de 56 mil hectáreas en el borde costero de Puerto Montt.
La petición, amparada en la Ley Lafkenche, buscaba que las 7 comunidades indígenas representadas por Ngulam Ñuke Lafken pudieran administrar y utilizar esas tierras para actividades ceremoniales, extractivas, de conectividad, medicinales y recreacionales. Sin embargo, la votación de la Crubc fue ampliamente negativa, con la abstención incluso de entidades como el Ministerio del Medio Ambiente, la Municipalidad de San Juan de la Costa, Conadi y dos representantes de los pueblos originarios.
Una Batalla por los Derechos Ancestrales
Esta decisión ha generado gran malestar entre las comunidades indígenas, quienes ven cómo se les niega el acceso a tierras que consideran suyas por derecho ancestral. Pedro Naiman, Alexis Velásquez y Juana Quinan, integrantes de la directiva de Ngulam Ñuke Lafken, emplazaron a los diputados y senadores a «arreglar la Ley de Pesca» y no intervenir la Ley Lafkenche, la cual creó los Ecmpo para permitir a los pueblos originarios administrar el área costera.
«Aquí se llama a cuidar y a proteger para futuras generaciones», expresaron los representantes indígenas, denunciando que «están aplaudiendo los representantes salmoneros, no los representantes de nosotros».
Implicaciones y Perspectivas
Desde una óptica económica, el rechazo de la solicitud de Ngulam Ñuke Lafken beneficia a los intereses de la industria salmonera, que ha sido históricamente cuestionada por sus impactos ambientales en las zonas costeras. Para los consumidores, esta decisión significa que se mantiene el control de las empresas sobre el borde costero, limitando las posibilidades de que las comunidades indígenas puedan desarrollar sus actividades ancestrales de manera sostenible.
Desde una perspectiva legal y de derechos humanos, el caso pone en evidencia las dificultades que enfrentan los pueblos originarios para hacer valer sus derechos sobre tierras y recursos que consideran propios. Expertos en derecho indígena señalan que esta situación refleja la necesidad de fortalecer y clarificar la Ley Lafkenche, de modo que las comunidades tengan mayores garantías para administrar y proteger el borde costero.
En definitiva, esta batalla por el control del borde costero en Puerto Montt es solo un episodio más en la larga lucha de los pueblos originarios por recuperar y preservar sus derechos ancestrales sobre los territorios que tradicionalmente han habitado y cuidado.
