En un caso que ha conmocionado a la opinión pública, un grupo de diputados de Renovación Nacional ha presentado un requerimiento ante la Contraloría General de la República (CGR) para investigar una presunta omisión institucional del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (SernamEG) en el caso de Nabila Rifo.
Según los parlamentarios, la negligencia del SernamEG habría facilitado la libertad condicional de Mauricio Ortega, condenado por el brutal ataque en contra de la víctima. Los diputados acusan que el Servicio no reasignó la representación jurídica de Nabila Rifo luego de la desvinculación de la abogada patrocinante, dejándola sin defensa en una etapa procesal clave.
Falta de acción y vulneración de derechos
En el oficio presentado a la Contraloría, los diputados sostienen que esta situación «constituye una negligencia grave en el cumplimiento de los fines institucionales del SernamEG». Argumentan que la falta de acción «deja sin resguardo a una persona vulnerable y pone en entredicho la eficacia de la política pública de protección estatal frente a la violencia de género».
Los legisladores señalan que esta omisión impidió ejercer acciones legales para oponerse al beneficio solicitado por el agresor, vulnerando los derechos de la víctima. Además, solicitan que se determine si el SernamEG cuenta con protocolos internos que aseguren la continuidad de la representación judicial en casos de desvinculaciones de personal, con el fin de evitar que otras mujeres víctimas de violencia queden desprotegidas.
Exigencia de responsabilidad estatal
La bancada de Renovación Nacional enfatiza que lo ocurrido «no puede quedar en la impunidad administrativa». Sostienen que el Estado tiene el deber de responder cuando la ineficiencia o negligencia institucional derivan en un perjuicio para una víctima que debió estar bajo protección pública.
Los diputados recuerdan que la participación de la víctima en la concesión de beneficios penitenciarios es algo que se legisló recientemente, a partir de mociones de parlamentarios de su partido. Por esta razón, abordan el caso con especial interés y exigen una investigación exhaustiva por parte de la Contraloría.
Declaración del SernamEG
Ante los antecedentes expuestos, el SernamEG emitió una declaración pública en la que afirma haber acompañado a la víctima desde el inicio del caso en 2016, actuando como querellantes y representantes durante todo el proceso judicial.
Sin embargo, el Servicio reconoce que «ni la víctima ni el Servicio fueron debidamente notificados» sobre la libertad condicional de Mauricio Ortega. Revelan que la exfuncionaria del Servicio a la que se le envió la notificación vía correo electrónico se encuentra destituida desde 2025 a raíz de un sumario administrativo ajeno a este tema.
El SernamEG concluye que «al no garantizar una notificación efectiva, se incumple con una diligencia que se aplica en cualquier audiencia judicial para asegurar la entrega de información clara y oportuna que permita el correcto ejercicio de los derechos de los intervinientes».
Reforzar los mecanismos de control
El requerimiento presentado por los diputados de Renovación Nacional concluye que se deben reforzar los mecanismos de control para asegurar el cumplimiento efectivo del mandato del SernamEG en la defensa de mujeres víctimas de violencia. La exigencia de responsabilidad administrativa y la implementación de protocolos más sólidos buscan evitar que situaciones como la de Nabila Rifo vuelvan a repetirse.
