En un giro dramático en la política argentina, la Cámara Federal de Casación Penal ha confirmado el procesamiento del expresidente Alberto Fernández (2019-2023) por cargos de violencia de género contra su expareja, Fabiola Yañez. Esta decisión judicial ha enviado ondas de choque a través del país, sacudiendo los cimientos de la clase política.
La investigación se inició después de que la Justicia argentina, en una pesquisa sobre supuesto tráfico de influencias, encontrara en el teléfono de la secretaria de Fernández conversaciones e imágenes que podrían indicar «lesiones leves en contexto de violencia de género» contra la exprimera dama. Tras una extensa investigación, que incluyó la toma de declaración a Yáñez y más de una decena de testigos, el juez Julián Ercolini acusó a Fernández como autor penalmente responsable de «los delitos de lesiones leves, agravadas por haberse cometido en un contexto de violencia de género y contra su pareja, reiteradas en dos oportunidades».
Una Defensa Cuestionada y un Nuevo Juez
La defensa de Fernández intentó sin éxito apartar al juez Ercolini de la causa, argumentando «temor de parcialidad». Sin embargo, el tribunal penal, integrado por los jueces Ángela Ledesma, Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci, rechazó por unanimidad los argumentos de la defensa y confirmó el procesamiento del exmandatario.
Ahora, la Justicia ha dispuesto que se designe un nuevo magistrado para llevar adelante el caso, en un intento por «alejar cualquier temor de parcialidad que pudieran albergar las partes». Este giro inesperado en el proceso judicial ha generado aún más incertidumbre y expectativa en torno al futuro del expresidente.
Posibles Consecuencias Legales
De ser hallado culpable de estos delitos, Alberto Fernández podría enfrentar una pena de hasta quince años de prisión. El fiscal federal Ramiro González ya ha solicitado que el exmandatario sea juzgado en un juicio oral y público, lo que podría significar un largo y arduo proceso judicial por delante.
Este escándalo ha sacudido los cimientos de la política argentina, poniendo en tela de juicio la integridad y el comportamiento de uno de sus líderes más prominentes. A medida que el caso avanza, la nación observa con atención, esperando que la Justicia brinde respuestas y que se haga justicia, independientemente de la posición social o el poder político de los involucrados.
