Una investigación judicial en curso en Argentina ha destapado una red internacional de vientres de alquiler con prácticas cuestionables. El caso salió a la luz cuando una mujer de Córdoba, que había accedido a gestar un bebé para una ciudadana francesa, dio a luz de manera prematura a un niño con problemas neurológicos. La mujer contratante se negó a recibir al recién nacido porque «el contrato establecía que debía ser un bebé sano».
Todo comenzó con un grupo de Facebook llamado Gestación Solidaria Argentina, donde mujeres ofrecían o solicitaban vientres de alquiler. Desde allí, la cordobesa fue contactada por representantes de Sudamérica Surrogant, una empresa dirigida por la doctora Ester Núñez, que se dedica a conectar a personas del exterior con posibles gestantes en el país. Según la investigación, Núñez sería la cara visible y principal operadora de esta red, que además trabaja con el laboratorio Cegyr, encargado de los procedimientos médicos de fertilización y transferencia de embriones.
Pagos Irregulares y Condiciones Ambiguas
La mujer viajó a Buenos Aires para firmar un contrato con supuestas irregularidades: no se establecían montos ni condiciones precisas. Sin embargo, la fiscal a cargo del caso determinó que la ciudadana francesa habría pagado entre 50.000 y 60.000 dólares, mientras que la gestante recibió entre 10.000 y 15.000 en pagos parciales y sin recibos oficiales.
Durante el embarazo, la mujer fue inscrita en una prepaga y alojada en un departamento costeado por la empresa. A los siete meses, comenzó a sentirse mal y acudió al Sanatorio Allende, en Córdoba, donde dio a luz a un bebé prematuro en noviembre de 2024.
Bebé Prematuro Abandonado
Ante el cuadro del recién nacido, el hospital activó los protocolos judiciales y dio intervención a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) y al fiscal Enrique Senestrari, luego de que la gestante declarara que «no era la madre del bebé» y que solo había alquilado su vientre.
La Justicia determinó que el niño debía quedar bajo guarda, mientras la causa pasó a manos de la fiscal federal Alejandra Mangano, quien ya investigaba denuncias previas contra Sudamérica Surrogant. En el expediente, que supera las 100 páginas y acumula 48 denuncias, también figuran abogados, escribanos, médicos y laboratorios implicados.
Este caso pone de manifiesto la necesidad de una regulación más estricta y transparente de la subrogación de maternidad, a fin de evitar prácticas abusivas y proteger los derechos de todas las partes involucradas.
