En un giro inesperado, la secretaria del Juzgado de Policía Local de Hualpén, la abogada Karla Valdés, se ha visto envuelta en una controversia que pone en tela de juicio el liderazgo del juez a cargo, Rodrigo Ferreira.
Según Valdés, el magistrado Ferreira se ha ausentado del cargo con frecuencia, amparándose en licencias médicas que ella considera falsas. Esta situación ha generado una recarga laboral significativa para la secretaria, quien debe subrogar al juez en su ausencia.
Multas Impagas y Falta de Comunicación
El detonante de este escándalo fue la denuncia pública del concejal César Valenzuela sobre 348 multas no cobradas entre 2020 y 2025, las cuales, según el Registro Civil, no habrían sido informadas.
Valdés, por su parte, asegura que la información sobre estas multas impagas fue obtenida del sistema informático del juzgado, pero que podrían haber variado o incluso estar prescritas o pagadas a la fecha. Además, cuestiona que el juez Ferreira no la haya informado antes de comunicarse con el alcalde Miguel Rivera, quien ordenó el inicio de un sumario para investigar los hechos.
Conflicto entre Secretaria y Juez
Según la Ley de Juzgados de Policía Local, la responsabilidad de informar las multas al Registro Civil recae sobre la secretaria. Sin embargo, Valdés argumenta que en los últimos años ha tenido que subrogar frecuentemente al juez Ferreira debido a sus constantes licencias médicas, las cuales ella considera falsas.
Por su parte, el juez Ferreira prefirió no hacer comentarios sobre las acusaciones de la secretaria. No obstante, cabe mencionar que Ferreira es uno de los miembros del Poder Judicial que actualmente enfrenta una investigación por haber viajado al extranjero mientras se encontraba con reposo médico.
Implicaciones y Próximos Pasos
Esta situación pone en evidencia la tensión y falta de coordinación entre la secretaria y el juez del Juzgado de Policía Local de Hualpén. Mientras se desarrolla el sumario ordenado por el alcalde, es crucial que ambas partes colaboren de manera transparente para esclarecer los hechos y garantizar el adecuado funcionamiento del tribunal.
La ciudadanía espera que este caso sirva como un llamado a la rendición de cuentas y a la integridad en el sistema judicial, a fin de recuperar la confianza pública.
